ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La falta de tres trámites administrativos durante el proceso de aprobación del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña puede facilitar que la Justicia anule el mismo, según indica el informe que ha elaborado el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, después de que el Consejo Nacional del Agua aprobara el Plan y el Gobierno de Aragón decidiera recurrirlo judicialmente.
El Justicia ha reforzado con su informe las acciones judiciales emprendidas por el Gobierno autónomo, que ha impugnado el Decreto catalán. García Vicente refrenda así la intervención de los representantes aragoneses en el Consejo Nacional del Agua, entre otros el director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Rafael Izquierdo, y el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), quienes --el 25 de marzo-- votaron en contra del documento porque puede comprometer los intereses hidráulicos de Aragón.
En su análisis sobre el procedimiento de elaboración del Plan de Cuenca y su posterior aprobación, el Justicia observa la falta de tres trámites administrativos, que puede provocar la nulidad legal del Plan, como son la falta de emisión de un informe previo del Consejo Nacional del Agua, la falta del informe previo del IAA y la aprobación del Plan por parte del Gobierno de España.
El informe del Justicia ha valorado también el contenido del Plan catalán, concluyendo que el legislador catalán se ha extralimitado en sus competencias en varios aspectos, como es atribuir a las cuencas internas de Cataluña tres masas de agua subterránea que en realidad comparte con la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
Otra extralimitación es la inclusión de los recursos hídricos de las tres masas de agua mencionada como recursos disponibles de las cuencas internas catalana. Además, se ha incorporado la cabecera de la cuenca del río Ciurana al sistema sur del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, aunque en realidad pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
Asimismo, según ha señalado el informe del Justicia, se añaden a los recursos propios del Distrito las aguas procedentes de la cuenca del Ebro recibidas por el Consorcio de Aguas de Tarragona y se incluyen en el Plan de Gestión actuaciones hidráulicas que superan los límites territoriales de las cuencas internas de Cataluña.
Estos defectos son "graves" y justifican el recurso judicial de la norma, según el informe del Justicia, que considera que, en España, la planificación hidrológica ha de realizarse de forma coordinada entre las Administraciones hidráulicas implicadas con el fin de adecuar los planes de cuenca al Plan Hidrológico Nacional (PHN).