ZARAGOZA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha manifestado que "en una sociedad avanzada no podemos permitir que nadie pase hambre, no tenga vivienda, educación o sanidad" y por eso "hay que dárselo" en cualquier circunstancia, si bien ha apostado por lograr la "inserción" de las personas que se encuentran en esta situación.
García Vicente ha comparecido a petición propia ante la Comisión Institucional de las Cortes autonómicas para presentar el 'Informe Especial sobre Personas en situación de exclusión social en Aragón' y se ha detenido en varios de los problemas que se han detectado, como el de la vivienda, para enfatizar que "hay que resolverlo como un tema social para que nadie duerma en la calle".
El informe propone que las Administraciones firmen convenios con las entidades bancarias para que se minimicen las consecuencias negativas de las ejecuciones hipotecarias. "Hay que intentar la negociación, fomentar moratorias en la amortización" de los préstamos y "el arrendamiento con opción de compra", ha dicho el Justicia.
Ante los desahucios, "hay que permitir alternativas, que haya un plazo de preaviso antes de que se produzca el alzamiento" y priorizar las ayudas en aquellas familias donde haya niños, mayores, enfermos y personas con discapacidad. Según ha precisado, cuando se pierde la vivienda, "se entra en una espiral que es difícil de solucionar".
El informe también revela que las personas sin hogar representan el rostro más duro de la pobreza, sobre las que García Vicente ha comentado que en la ciudad de Zaragoza hay entre 160 y 200 que viven en la calle, según la época del año. El perfil de los 'sin techo' es de varón de 44 años, y "algunos lo hacen por decisión propia", mientras que "otros no tienen capacidad para decidir".
Sobre estos últimos, ha explicado que muchos sufren de enfermedad mental "relacionada con el alcohol y las drogas". Para ellos ha pedido "evitar su aislamiento y procurar su integración", lograr la atención sanitaria y que adquieran "hábitos de responsabilidad". Ha advertido de que "muchos no están empadronados" lo que dificulta el acceso a rentas mínimas y ha propuesto que puedan empadronarse en dependencias municipales como un primer paso.
POBREZA HEREDADA
El informe aclara que el perfil de la persona necesitada no es único sino que hay un grupo heterogéneo de personas en exclusión o en riesgo de estarlo. Entre ellos, García Vicente se ha referido a las familias de pobreza heredada.
Las hay "conocidas por los servicios sociales durante tres y hasta cuatro generaciones" y el 70 por ciento tienen hijos, por lo que ha solicitado, como medida de acción, "el acceso a la educación y modificar ciertos hábitos cotidianos", así como un programas de atención y estudio individualizado.
Los parados de larga duración es otro de los grupos en riesgo de exclusión sobre el que García Vicente ha dicho que "el desempleo es una de las peores cosas" porque poseer un puesto de trabajo "es parte sustancial de la autoestima y da a la vida un sentido y un propósito". Ha apostado por "prestarles ayudas puntuales para que no pierdan la vivienda y los buenos hábitos", además de ayudarles a lograr un empleo, "muchas veces orientándolos a una nueva actividad".
Sobre los inmigrantes, ha comentado que si bien los problemas han de "combatirse en el país de origen", "a los que están aquí hay que tratarlos bien" y mejorar la formación e información que reciben. Otro grupo en exclusión, ha añadido, son aquellos que "reciben salarios muy bajos y no les da para vivir".
Por otra parte, ha comentado que si bien "hay más solidaridad en los pueblos" para atender las personas que pasan necesidad, quien "lo pasa peor" está en el medio rural porque hay menos servicios como comedores sociales "y además estas personas no se atreven" a poner de manifiesto su situación ante sus vecinos.
García Vicente ha mencionado, igualmente, a los jóvenes como uno de los grupos más afectados por la crisis, con un elevando porcentaje en paro, mientras que los que acceden a su primer empleo lo hacen "en condiciones muy duras, con salarios muy muy bajos y jornadas muy largas" y ha pedido "forzar" para "aplicar más" el Plan de empleo juvenil.
ALGUNAS MEDIDAS
El Justicia ha mencionado algunas medidas para paliar la situación de las personas en exclusión, como "mejorar la gestión" de las ayudas y para eso "evitar formalismos y demoras innecesarias". Al respecto, ha comentado la "queja generalizada de que las aportaciones que hace el Estado son insuficientes".
Como dato, ha indicado que si al empezar la crisis había 706 personas recibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), "en agosto de 2015 había 7.247", pero "las prestaciones no se han multiplicado por diez". Además, hay una "cronificación" y el año pasado el 32 por ciento de las personas que recibió ayuda ya lo había hecho en 2012 y el 60 el año anterior.
Por otra parte, el informe propone reorganizar los servicios sociales para incrementar los recursos materiales y humanos en las localidades y comarcas donde hay más personas necesidades. En Zaragoza, sugiere una mayor dotación en los centros municipales para que sea viable el seguimiento individual de cada persona y mejorar la coordinación con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en concreto, para tramitar el IAI.
Además, recomienda que en los municipios y comarcas con más personas extranjeras empleadas en agricultura, itinerantes o no, se cuente con más medios personales y materiales para mejorar la ayuda y el asesoramiento. Igualmente, aboga por unificar los criterios de los convenios que firma la Administración autonómica con ayuntamientos y comarcas para financiar la asistencia social y que se suscriban a principios de año.
