El Gobierno de Aragón aprueba un plan de racionalización del gasto corriente para ahorrar 105 millones

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un Plan de Racionalización del Gasto Corriente que contempla 104 medidas, de aplicación inmediata, y que permitirá ahorrar 105 millones de euros en toda la legislatura.

Las acciones previstas afectan a los gastos de funcionamiento de las administraciones públicas y a las ayudas y subvenciones públicas y son medidas "micropresupuestarias", de racionalización, "que aplicaríamos cualquier familia en nuestros hogares".

Así lo ha detallado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, al subrayar que este plan "no es meramente cosmético" sino que se desarrollará bajo control "diario" de la Intervención General y con información trimestral a la Secretaría General Técnica de la Presidencia, de cada cargo público, departamento, organismo y empresa de la comunidad, sobre los resultados de su cumplimiento.

El plan prevé medidas en parque móvil, telefonía, reproducción gráfica, correo, consumo eléctrico y ahorro del agua, gestión del patrimonio, contratos de alquiler, y otras medidas relativas a transferencias corrientes, como la derogación del decreto 96/1984 por el que se regula el sistema de subvenciones no sujetas a convocatoria específica. Como ejemplo, Garcés ha comentado que el Ejecutivo evitará la adquisición de muebles nuevos en un periodo de ocho años.

El consejero ha recordado que este plan responde al compromiso de la presidenta del Ejecutivo autónomo, Luisa Fernanda Rudi, de racionalización de administración "y a fecha de hoy cumplimos con el calendario impuesto" en esta materia.

De esta forma, se implanta un plan que "se ciñe a los gastos de funcionamiento de la administración pública" y a sus organismos y empresas, así como a las subvenciones y ayudas, con el objetivo de potenciar "un buen uso de los recursos públicos" y que esta política sea "una seña de identidad" del Gobierno aragonés.

En el caso de las ayudas, se pondrán "limites directos" para "acabar con los abusos" en el destino de las subvenciones y a los beneficiarios de las mismas se les pedirá un esfuerzo "similar" al que hace el Ejecutivo autónomo en la racionalización del gasto. Así, se pondrá fin a las subvenciones "inespecíficas" y el Gobierno aragonés apuesta por la igualdad entre agentes públicos y privados en el acceso a las ayudas cuyo fin deberá quedar justificado "a medio plazo".

Para asegurar el cumplimiento de las medidas, Garcés ha apuntado que el control de la Intervención General será "diario" ya que "cada expediente que llegue a fiscalización incluirá un párrafo de la Intervención General" relativo a si la petición cumple o no con el plan de racionalización del gasto corriente.

MEDIDAS

Las medidas previstas en este plan abordan, por un lado, aspectos relacionados con el gasto en bienes corrientes y servicios --capítulo II del presupuesto de la Comunidad Autónoma-, entre los que destacan los referidos a la adquisición y uso racional del material y equipamiento (parque móvil y desplazamientos, carburante, telefonía, reproducción gráfica, suministros o correo, entre otros), al funcionamiento de las instalaciones y a su gestión energética eficiente (consumo eléctrico, agua, patrimonio y arrendamientos) o a las indemnizaciones por razón de servicio (dietas, asistencia a órganos colegiados, formación impartida, reuniones y conferencias), así como a otras cuestiones como publicidad institucional o contratación pública.

Por otro lado el plan recoge medidas para reducir el gasto en transferencias corrientes --capítulo IV del presupuesto de la Comunidad Autónoma-- fundamentalmente a través del análisis pormenorizado de las subvenciones existentes, para racionalizarlas y simplificarlas.

Mario Garcés ha apuntado, como ejemplos, que el Ejecutivo limitará la adquisición de muebles, propiciando una vida útil del mobiliario y material de oficina en un tiempo estimado de ocho años y no se sustituirá con anterioridad salvo que se justifique el especial deterioro.

Asimismo, se eliminarán los alquileres de espacios no necesarios y "estamos dispuestos a poner en venta los bienes inmuebles en desuso y de los que no veamos su utilidad inmediata". Entre otras acciones, se centralizará la contratación del parque móvil en el Departamento de Hacienda y se pondrá "especial celo" en la contratación externa de servicios, favoreciendo la utilización de recursos propios, como en la elaboración de la auditoría de las cuentas de la Comunidad que está realizando la Intervención General.

Además, el consejero ha avanzado que se elaborarán otros dos planes de ahorro relativos a la gestión inmobiliaria y, de acuerdo con los sindicatos, a la creación de una relación de los puestos de trabajo vacantes de la administración, para analizar qué hacer con esos puestos.

Por otra parte, el consejero ha precisado que estas medidas no afectan al gasto corriente sanitario ni la educación, ya que se constituirá una comisión de trabajo en ambos casos para realizar un análisis diferenciado de su situación.

Este plan, que permitirá obtener un ahorro de 105 millones de euros a lo largo de toda la presente legislatura, se añade a otras acciones adoptadas por el nuevo Ejecutivo como la definición de la nueva estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad autónoma con una reducción de altos cargos y asesores o la retención de crédito aprobada el pasado 30 de agosto, iniciativas estas dos que comportaban un ahorro conjunto de 66 millones de euros. Todas ellas buscan reducir el gasto y atenuar el déficit existente garantizando a un tiempo la correcta prestación de servicios al ciudadano.