El Gobierno de Aragón inicia una campaña para captar viviendas vacías destinadas a la bolsa de alquiler social

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha iniciado una campaña informativa para captar viviendas vacías de propietarios particulares, con el objetivo de incluirlas en la bolsa de alquiler social, que se va a desarrollar en redes sociales, medios de comunicación y soportes publicitarios.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha explicado en rueda de prensa que es necesario "ampliar el número de viviendas disponibles, sobre todo en Zaragoza capital y con un tamaño que permita acoger a unidades familiares amplias".

Ha indicado que actualmente la bolsa de alquiler social suma 337 viviendas, de las que 326 están cedidas en alquiler social y once en proceso de reparación. Además, el Gobierno autonómico posee viviendas patrimoniales y de titularidad de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, pero "o no están donde se necesitan o no reúnen las características adecuadas para acoger al perfil de familias numerosas", ha detallado.

Soro ha defendido dar una alternativa habilitación "digna y adecuada" y ha señalado que su Departamento está ultimando los trámites para comprar a entidades financieras viviendas, que se incorporarán a la bolsa, acción para que se cuenta con una dotación presupuestaria de 2,2 millones de euros en 2021.

Igualmente, está en tramitación un programa de ayudas al alquiler, que espera que se ponga en marcha "pronto", destinado específicamente a familias en situación de vulnerabilidad, victimas de desahucio, víctimas de violencia de género o personas sin hogar.

El consejero ha subrayado la necesidad de ampliar el número de viviendas de alquiler social ya que precisarían de "miles de viviendas para atender la demanda de personas que cumplen los requisitos para beneficiarse" de la bolsa, que son estar empadronados en el municipio, tener unos ingresos que no superen una vez y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y necesitar una vivienda.

Ante esta alta demanda, se "prioriza" a las situaciones "más graves", como son los lanzamientos por procedimientos judiciales para evitar desahucios, ha dicho Soro, para aclarar que facilitar estas viviendas es la última alternativa y el Gobierno de Aragón aplica como "política preventiva" las subvenciones a inquilinos para la población en general, jóvenes y personas en dificultad a causa de la pandemia del coronavirus.

VENTAJAS

El objetivo de la campaña es dar a conocer a los ciudadanos las ventajas que supone ceder una vivienda al Gobierno de Aragón para que la integre en su bolsa de alquiler social, entre las que se incluye la garantía del cobro de la renta y del abono de los gastos de comunidad en caso de impago por parte del inquilino.

"El dueño nunca tendrá deudas con la comunidad de propietarios", ha enfatizado Soro, que también ha contado que se facilita asistencia jurídica en caso de requerirse y reparación de desperfectos causados por el uso de la vivienda. Los propietarios las podrán se recuperará "en perfecto estado", ha apostillado.

Ha apelado a la solidaridad de los propietarios puesto que la bolsa "cumple una función social" y supone "un compromiso con las personas más vulnerables", con la que se puede colaborar "con plenas garantías", también apoyando a quienes no tienen medios para hacer una reforma inicial que permita la puesta a punto de la vivienda, que asumirá el Gobierno de Aragón.

La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Verónica Villagrasa, ha expuesto con más detalle el apoyo a los propietarios para que faciliten la puesta en alquiler de unas viviendas con "finalidad social" y que por eso cuenta con el "refuerzo" de la Administración.

Según ha manifestado, se ofrecen una serie de ventajas a los propietarios con el objetivo de que "primen" dedicarla a alquiler social, en vez de que estén en el mercado libre o sin uso.

Por lo que se refiere a la garantía del cobro de la renta, ha apuntado que el precio es de cuatro euros el metro cuadrado de superficie útil, según marca la legislación, pudiendo llegar hasta los 400 euros.

En caso de desperfectos causados por el uso de las viviendas, "más allá del uso habitual, serán asumidos directamente desde el Gobierno de Aragón", que también se hace cargo de la fianza arrendaticia, ha comentado Villagrasa.

REFORMA INICIAL

El Ejecutivo también facilita la asistencia jurídica y asume las situaciones de impago que se pudieran dar, además de poner a disposición del propietario la gestión de la reforma inicial necesaria para poder ser puesta a disposición de la bolsa, cuyo coste "se irá descontando en las mensualidades del alquiler que recibiría el propietario", ha puntualizado la directora general.

Por otra parte, la cesión de la vivienda se hace por tres años y una vez finalizado este periodo se puede recuperar. En caso de que haya inquilinos, existen varias posibilidades, como la finalización del contrato de alquiler, dar una alternativa habitacional por parte del Gobierno de Aragón, o que sea el propio inquilino quien la haya podido encontrar. También puede darse el caso de se hayan modificado sus circunstancias y deje de estar incluido en el programa. Además, siempre que la vivienda no haya sido alquilada, se puede anular la cesión.

Villagrasa ha sostenido que las familias que acceden a este alquiler están "en situación de vulnerabilidad y en el marco de una intervención técnica" por lo que detrás de ella "hay un profesional" del sistema público de servicios sociales que, en coordinación con el equipo social existente en la dirección general y en Suelo y Vivienda como gestora de la bolsa, "consiguen que esa función social de la vivienda cumpla su objetivo paralelamente al logro de los objetivos en la intervención social".

Para formar parte de la bolsa de vivienda de alquiler social, se ha de presentar una solicitud de cesión y desde la dirección general se ponen en contacto con el propietario para visitarla y valorar si es necesaria una intervención, para incorporarse una vez haya recibido el visto bueno.

La directora general ha remarcado que es un procedimiento "sencillo", ha deseado llegar al mayor número de propietarios posibles y ha señalado que toda la información está recogida en la web del Gobierno de Aragón, además de que puede contactar con Suelo y Vivienda en el teléfono 976 204 930.