ZARAGOZA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Gestión Ambiental (INAGA), dependiente del Departamento de Medio Ambiente, certificó a lo largo de 2009 unas inversiones de 87.680.752,76 de euros realizadas por empresas aragonesas en mejoras encaminadas a la protección del medio ambiente.
En total, 48 empresas se vieron beneficiadas de las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades como consecuencia de las inversiones realizadas en inmovilizado material fijo, es decir, bienes o inversiones destinadas a perdurar en el tiempo, como mejoras medioambientales en gestión de residuos, emisiones a la atmósfera o gestión de aguas.
De acuerdo con la normativa aplicable al respecto, el porcentaje de deducción aplicable a la inversión certificada en 2009 fue de un cuatro por ciento sobre el 20 por ciento de la cantidad certificada. Por lo tanto, el importe total que se han podido deducir las empresas aragonesas como consecuencia de las certificaciones expedidas por el INAGA a la vista de las inversiones realizadas asciende a 701.446,02 euros.
Estas medidas fiscales persiguen incentivar entre las empresas la incorporación de mejoras ambientales a sus métodos de producción. Los sectores que han ido incorporando con mayor intensidad estas mejoras durante 2009 son el sector químico, estaciones de servicio de productos petrolíferos, las empresas que gestionan residuos y empresas extractivas.
Se trata fundamentalmente de mejoras destinadas a evitar o reducir la contaminación del aire y del agua y la reducción y recuperación de residuos, así como las inversiones destinadas a adquirir vehículos en la medida que conlleven una disminución de la polución atmosférica. Asimismo, pueden deducirse también las inversiones destinadas al aprovechamiento de fuentes de energías renovables.
Para beneficiarse de estas deducciones, las empresas deben remitir al INAGA documentación acreditativa de las inversiones realizadas durante el último año fiscal que cumplen el objetivo de mejora medioambiental.
Por su parte, el Instituto examina si la inversión realizada por la empresa supone una mejora para el medio ambiente, exigiendo a las empresas que acrediten adecuadamente la incorporación y puesta en funcionamiento real de estas mejoras.
