El Justicia de Aragón dice que el Estatuto debe ser interpretado "de la forma más amplia posible"

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, afirmó hoy que el Estatuto de Autonomía debe ser interpretado "razonablemente y de la forma más amplia posible, procurando que así se aplique en las relaciones Estado-Comunidad Autónoma".

García Vicente respondió así, en un informe hecho público hoy, a la petición formulada por el Partido Popular de Aragón para que se pronunciara sobre la decisión del Gobierno central de no aplicar el Estatuto de Autonomía aragonés con motivo de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, en lo relativo a las singularidades de la financiación aragonesa.

El PP solicitó al Justicia que elaborara su informe el pasado 6 de octubre. Según los populares, los PGE de 2010 vulneran el artículo 109.2 d) del Estatuto, ya que no se celebró una reunión de la Comisión Económico-Financiera Aragón-Estado, como dispone la norma institucional básica española.

El PP entendía, en su solicitud, que también se vulneró la disposición adicional sexta del Estatuto al no haberse ponderado, en el caso de las partidas previstas para Aragón, la superficie del territorio, la orografía, el carácter periférico (fronterizo) y la necesidad del equilibrio territorial.

En el informe hecho público hoy, el Justicia indica que el Tribunal Constitucional (TC) ha limitado la eficacia de esta norma aragonesa y otras similares de diferentes regiones al entender que prevalece la competencia exclusiva del Estado para dirigir la política económica del Estado.

Según García Vicente, en su interpretación de la jurisprudencia del TC, "que los criterios de reparto establecidos en los Estatutos no se cumplan no puede dar lugar a la inconstitucionalidad de la ley posterior que los concreta, en este caso la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Sin embargo, continúa el Justicia, esta disposición autonómica estatutaria sí puede prevalecer en otros aspectos de la relación del Gobierno de Aragón con el central. El Gobierno de España está jurídicamente obligado a llegar a acuerdos con las comunidades autónomas y a respetar la recíproca "lealtad constitucional".

Fernando García Vicente recuerda que, en este mismo proyecto de PGE para 2010, el Ejecutivo central sí ha tenido en cuenta las singularidades relativas a la financiación establecidas en otros Estatutos de Autonomía, entre los que cita el catalán, el de las Islas Baleares y el de Castilla y León.

CUANTIFICAR

El Justicia señala que algunos de los criterios que, según el Estatuto, deben marcar la inversión territorializada en Aragón, son "fácilmente" cuantificables, por ejemplo la extensión territorial.

Aragón no está incluido en el fondo especial de 1.075 millones de euros que crea el Proyecto de Ley de Presupuestos para dar cumplimiento a especificidades recogidas en otros Estatutos y en algún caso idénticas a las nuestras como en el supuesto de Castilla y León.

"A mi juicio desde la Comunidad aragonesa deberíamos de interpretar y procurar la aplicación de nuestro Estatuto, en las relaciones con el Estado, de forma razonablemente amplia. Y ésta es una obligación especial para el Justicia de Aragón, al que se le encomienda de forma expresa su defensa y que asume a sabiendas de la dificultad que entraña", expresa García Vicente en su informe.

"Es fundamental distinguir claramente la legalidad estatutaria de la discrecionalidad política", opina el Justicia, quien añade que "sólo dentro de los límites del marco legal es donde se permite la oportunidad coyuntural".

Fernando García Vicente expresa que si el Gobierno de España tiene competencia para elaborar --y promover la aprobación-- el proyecto de ley de PGE "también debe asumir la responsabilidad" y, aunque puede actuar con "discrecionalidad" está obligado a respetar el marco legal.