ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico que apruebe dos programas individuales de atención (PIA) de sendas personas que llevan retraso, según los plazos de aplicación de la ley de la dependencia.
De esta forma, atiende dos quejas, una presentada el pasado 15 de enero respecto a un hombre para quien el plazo máximo para el reconocimiento de la prestación habría finalizado en noviembre de 2013. Se trata de un hombre con dependencia severa y por eso "lo adecuado es que la Administración no dilate más la aprobación de la prestación económica estipulada en el programa individual de atención" del mismo.
El programa de este hombre también contemplaba el servicio de ayuda a domicilio, respecto al que la Administración autonómica le ha derivado a los Servicios Sociales Comunitarios ubicados en la Casa de los Morlanes de Zaragoza para que éste se interese personalmente por la puesta en marcha de dicho servicio, derivado del convenio de colaboración elaborado hace unos meses entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
"Dado que se trata de una persona de avanzada edad, con dependencia severa, que lleva esperando más de dos años la aprobación de su programa individual de atención", el Justicia ha indicado que debería ser el IASS quien "informase directamente al beneficiario de la puesta en marcha de dicho servicio".
SEGUNDA QUEJA
La otra queja fue presentado en el Justicia el pasado 8 de enero, si bien ya había habido otra presentada anteriormente en septiembre de 2013, y se refiere a una mujer de 87 años, sobre la que la Administración ha informado de que el expediente se encuentra completado, correspondiéndole atención residencial y prestación vinculada a servicio por importe de 361,08 euros al mes.
No obstante, el Gobierno ha reconocido que "en este momento no podemos informarle de una fecha concreta" en que se haga efectivo, "dada la necesidad de atender en primer lugar las situaciones de dependencia con mayor grado de valoración" que la de esta persona.
Al respecto, el Justicia ha argumentado que si bien "somos conscientes de que la escasez presupuestaria es la causante de esta situación, este tipo de procedimientos, lo mismo que las prestaciones sociales, deberían tener una posición preferente, ya que afectan plenamente al nivel de bienestar de las personas, en muchos casos con grandes necesidades".
En este sentido, ha explicado que, como consecuencia de la demora en la aprobación de este programa individual de atención, esta mujer y sus familiares han tenido que sufragar los gastos que implica la situación de dependencia y la han tenido que ingresar en una residencia privada "asumiendo el coste íntegro de la misma ya que las ayudas no se han hecho efectivas".
En este punto, la Institución ha comentado que el año pasado y este ha tramitado "muchos expedientes" por la falta de aprobación del citado programa, una vez elaborada una propuesta del mismo, "dando lugar a la falta de prestación para estas personas e imposibilitando reclamación alguna en caso de fallecimiento".
