ZARAGOZA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de analistas de Europol y de la Unidad Nacional de Europol en España, han liberado a 16 mujeres nigerianas obligadas a ejercer la prostitución en las calles de Zaragoza bajo un juramento de vudú-juju. Eran captadas en su país de origen bajo la promesa de una vida mejor en Europa. Asimismo, han sido detenidas once personas que conformaban una organización criminal asentada en Europa, principalmente en España, Italia, Alemania y Dinamarca. Todos los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial. Así lo han explicado en rueda de prensa el comisario jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, José Ángel González, el comisario de Extranjería y Fronteras en Zaragoza, Ramón Granero, el inspector jefe de la Brigada Regional de Extranjería y Fronteras, Carlos Salicio, el inspector jefe de la Comisión General de Extranjería y Fronteras, Pedro Bernardo, y el jefe del grupo I de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, Miguel Abad. Los responsables policiales han indicado que la operación todavía sigue abierta ya que en total han sido identificadas 24 víctimas, pero solo han sido liberadas 16. Algunas de las que no lo han sido están localizadas en el extranjero. Estas mujeres fueron captadas en su lugar de origen, Benin City (Nigeria) y tienen entre 17 y 25 años por lo que algunas de ellas llegaron a España siendo menores de edad. Ejercían la prostitución en la zona de plaza Roma de la capital aragonesa y la policía recibió alguna denuncia anónima alertando de que eran chicas muy jóvenes. Nueve de las mujeres liberadas han prestado declaración, algo que el inspector jefe de la Brigada Regional de Extranjería y Fronteras, Carlos Salicio, ha subrayado que es un hecho excepcional y en el que "la cooperación de las ONGs ha sido primordial". La primera declaración presentada por una de ellas permitió iniciar una operación judicial el pasado mes de mayo sobre una red de trata de mujeres que se había detectado hace tres años. Una de las mujeres liberadas ha solicitado expresamente regresar a su país. Las demás podrán obtener permiso de residencia por haber sido víctimas de trata. La intervención ha incluido cinco registros que han permitido obtener documentación que confirma la actividad delictiva del grupo y las once detenciones en Zaragoza --tanto de hombres, como de mujeres--, que han tenido lugar a finales de noviembre de 2017, a quienes se les acusa de un delito de trata de seres humanos. A algunas de estas personas les constan antecedentes policiales en Italia, Dinamarca y Noruega. El inspector jefe de la Comisión General de Extranjería y Fronteras, Pedro Bernardo, ha remarcado que la explotación sexual que sufrían estas jóvenes es de las más traumáticas que se conocen ya que desde que salían de su país hasta que llegaban a Zaragoza debían realizar un periplo por varios países que duraba varios meses, tiempo en el que tenían que ejercer "la mendicidad y la prostitución". El traslado desde Nigeria se realizaba vía terrestre por las rutas que atravesaban distintos países africanos hasta su llegada a Libia, donde eran internadas en campamentos. Allí, eran custodiadas por un miembro de la organización hasta que conseguían el cruce a Europa por vía marítima, utilizando embarcaciones en condiciones inseguras y hacinadas que las transportaban hasta costas italianas. Cuando llegaban al país transalpino eran otros miembros de la organización quienes se encargaban de su alojamiento, siempre en circunstancias penosas, a la espera de ser trasladadas a Zaragoza. Este hecho ha requerido la colaboración de Europol, además de que se ha alertado a las policías de Nigeria, Italia, Dinamarca y Alemania porque en estos países "hay gente involucrada" en esta red. El jefe del grupo I de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, Miguel Abad, ha apuntado que durante el viaje estas mujeres sufrían violaciones de los miembros de la red y también en España. Una vez la capital aragonesa, ha relatado, la organización ejercía sobre ellas un control exhaustivo todos los días sobre el dinero que habían ganado y sufrían agresiones físicas, si los miembros de la red consideraban que no era suficiente, así como amenazas de muerte a ellas y a sus familias en Nigeria, padeciendo maltrato físico y psicológico. Las mujeres vivían en pisos de la organización que estaban habilitados tanto para su alojamiento, como para su uso con clientes y eran sometidas a largas jornadas de explotación en la calle --pudiendo extenderse en fin de semana desde las 23 horas a las 5 o 6 de la mañana del día siguiente--, bajo condiciones higiénicas sanitarias precarias y expuestas a todo tipo de peligros. Las víctimas debían ejercer la prostitución hasta saldar la deuda que habían contraído con la organización, que oscilaba entre los 40.000 y 60.000 euros, respecto a la que se sentía obligadas, igual que a no denunciar a sus explotadores, por un juramento vudú-juju. Este sistema permitía controlarlas a través de conversaciones telefónicas por lo que no era necesario que las madames de las que dependía estuvieran en el mismo lugar físico que la mujer explotada, siendo esto una característica diferencial entre la trata de seres humanos de origen nigeriano respecto a la de otras nacionalidades. Miguel Abad ha aclarado que este rito "está tan asumido que ha costado mucho que las mujeres rompieran ese tabú" y comprendieran que es una excusa para tenerlas controladas. El juramento vudú-juju es un método utilizado por organizaciones criminales con mujeres originarias del África occidental y consiste en realizar una serie de prácticas supuestamente mágicas o de brujería en las que se sacrifican a animales y las víctimas aceptan su plena subordinación y obediencia bajo la amenaza de su muerte o la de sus familiares. El inspector jefe Carlos Salicio ha indicado que una vez pagaban la deuda, se convertían en 'mamis' o madames, controlando a otras jóvenes y ejerciendo también la prostitución. Además, cada domingo todos los miembros de la red se reunían en un local bajo la dirección de un líder espiritual, con el objetivo de dar un "carácter familiar" al grupo y controlar a las víctimas. El inspector jefe de la Comisión General de Extranjería y Fronteras, Pedro Bernardo, ha explicado que se está desarrollando una investigación patrimonial sobre los miembros de la organización, que realizaban los envíos de dinero a las 'mamis' o a Nigeria a través de establecimientos para este fin, superando los 500.000 euros por esta vía, o a través de personas de confianza que movían el dinero entre países. Además, se están estudiando las cuentas bancarias en España y Nigeria en colaboración con una agencia de ese país que lucha contra la trata de mujeres, cuyos saldos superan los 200.000 euros. Una vez obtenida toda la información, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y procedieron a la liberación de las 16 mujeres y a las once detenciones. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013 y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
