ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha propuesto este lunes reformar la Política Agraria Comunitaria (PAC) para compensar la renta de los agricultores. Esta iniciativa la ha presentado en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid.
En una nota de prensa, Olona ha considerado que los europeos disfrutan de una alimentación segura, variada y asequible, mientras que quienes se la facilitan, los agricultores y ganaderos, siguen percibiendo por ello una renta que solo llega a la mitad de la del resto de los ciudadanos.
Ha afirmado que "tras demasiadas reformas, se hace necesario, ahora más que nunca, apostar con determinación por una reforma en profundidad".
La fórmula que propone el responsable de la agricultura aragonesa es fijar una renta de referencia que todos los agricultores deberían cobrar y compensarla en la medida de lo necesario en función de sus ingresos agrarios, con las correspondientes exigencias medioambientales, sociales y económicas.
En este último sentido, "el objetivo es primar a quienes más dependencia económica tienen de la agricultura", primando al mismo tiempo la productividad y la dimensión económica de las explotaciones y penalizando "actuaciones perjudiciales para nuestra sociedad, la biodiversidad, el clima, el suelo, el agua o la salud".
El consejero ha abogado por eliminar los derechos históricos --que generan desigualdades--, los pagos por superficie --que hacen que cobren más ayudas quienes menos las necesitan-- y el desacoplamiento de las subvenciones, lo que mantiene perceptores de ayudas que "ni cultivan nada ni cuidan ningún ganado".
"Hay que penalizar la improductividad y la ociosidad de los recursos agrarios", ha aseverado Olona, para quien el enfoque sectorial en las ayudas directas tampoco es útil porque excluye a muchos agricultores y ganaderos.
Aragón defiende, por otra parte, el mantenimiento de los dos pilares actuales de la PAC. Por un lado, las ayudas directas, como compensación de la renta, porque combaten la inestabilidad y la insuficiencia de esta. Y, por otro las ayudas estructurales, "siempre que no haya que utilizar este pilar para corregir los problemas que genera el primero".
Por último, Olona ha enumerado algunas de las ventajas de su propuesta, exponiendo que no exige definir quién es agricultor o quién no; concentra en una sola ayuda las múltiples fórmulas que ahora apoyan, "de forma incompleta", las rentas agrícolas; hace innecesario el Sistema de Información Geográfica de la PAC (SIGPAC), cuya aplicación y gestión conlleva costes desproporcionados; asegura que los fondos públicos se destinan a quienes más los necesitan y evita destinar dinero público a quienes no lo necesitan o no lo merecen.
