El Parlamento aragonés manifiesta su "solidaridad, respeto y reconocimiento" a todas las víctimas del terrorismo

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha dado lectura este jueves, 24 de septiembre, al inicio de la sesión plenaria, a una declaración institucional de "solidaridad, respeto y reconocimiento" a todas las víctimas del terrorismo, en especial a las aragonesas y sus familias. La iniciativa, promovida por el Grupo Parlamentario Popular, ha sido elevada al Pleno por la Mesa y la Junta de Portavoces y cuenta con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios.

La declaración realza "la memoria, la dignidad y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo" y recuerda de manera especial a quienes perdieron la vida, resultaron heridos o vieron sus vidas marcadas por la violencia terrorista.

De forma singular, el texto recuerda a las víctimas del atentado perpetrado por ETA contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis menores. Las Cortes de Aragón trasladan a las víctimas y a sus familias su "reconocimiento y cercanía" y reafirman su "compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, así como con la defensa de los valores democráticos y la convivencia".

En el texto aprobado, el Parlamento señala que durante décadas las víctimas del terrorismo "han soportado un dolor irreparable y la ausencia de quienes les fueron arrebatadospor la violencia terrorista", rindiéndoles homenaje "desde la memoria, la dignidad y el compromiso permanente con la verdad y la justicia", subrayando que "Aragón no olvida a quienes fueron asesinados por el terrorismo, ni a quienes resultaron heridos, amenazados o perseguidos, o vieron sus vidas marcadas para siempre por la violencia".

"Su memoria forma parte de nuestra historia democrática y de nuestro patrimonio moral colectivo", continúa la declaración institucional, sin olvidar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los servidores públicos, a los trabajadores, a los niños y a las familias que fueron atacados "simplemente por vivir, trabajar o representar a una sociedad libre", recordando "de manera singular" a las víctimas de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, por el atentado sufrido en 1987.

"Aquel día fueron asesinadas 11 personas, entre ellas seis menores, Miriam y Esther Barrera Alcaraz; Silvia Ballarín Gay; Silvia Pino Fernández; Rocío Capilla Franco y Pedro Ángel Alcaraz Martos: Sus nombres no son una cifra ni una nota al pie de la Historia", sino que "son vidas truncadas, familias destrozadas y una herida que sigue abierta en la memoria de Aragón".

"Su recuerdo interpela a todas las instituciones y nos obliga a preservar, por encima de cualquier diferencia política, la dignidad de las víctimas y la condena inequívoca del terrorismo", señala la declaración institucional, trasladando desde las Cortes "el afecto, la cercanía y el reconocimiento de toda la sociedad aragonesa", añadiendo que "ninguna víctima debe sentirse sola, ninguna circunstancia política puede desplazar a las víctimas del lugar central que les corresponde en la memoria democrática ni contribuir a diluir la responsabilidad de quienes ejercieron, justificaron o ampararon la violencia terrorista".

Además, la cámara reafirma que "cualquier decisión adoptada en relación con personas condenadas por delitos de terrorismo debe ajustarse escrupulosamente a la legalidad, atender a la gravedad de los crímenes cometidos y aplicarse con la máxima consideración hacia la memoria, la dignidad y el sufrimiento de las víctimas y de sus familias".

TERCER GRADO A HENRI PAROT

En este contexto "las Cortes de Aragón no pueden permanecer indiferentes ante la concesión del tercer grado penitenciario a Henri Parot, condenado por múltiples asesinatos, una decisión que ha provocado un profundo dolor y rechazo entre numerosas víctimas del terrorismo y sus familias".

"Esta cámara considera imprescindible que cualquier decisión de progresión penitenciaria respecto de condenados por delitos de terrorismo tenga especialmente presentes la extrema gravedad de los crímenes cometidos, el daño causado y la dignidad de las víctimas", expresa la declaración institucional.

Han añadido que "la reinserción, como principio constitucional, debe desarrollarse siempre dentro de la legalidad y ser compatible con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación debidas a las víctimas", de forma que "la aplicación de la ley no puede provocar en quienes sufrieron directamente el terrorismo una nueva sensación de desamparo ni contribuir, siquiera involuntariamente, a desdibujar la gravedad de los crímenes cometidos".

La declaración expresa, asimismo, que el Parlamento recuerda que "la finalidad constitucional de la reinserción debe desarrollarse dentro de la legalidad, pero también con respeto a la la verdad, a la justicia y a la memoria de las victimas" porque "la convivenciano puede constituirse sobre el olvido, la equidistancia ni la legitimación de la violencia".

Han recalcado que "una democracia sólida debe mantener vivo el reconocimiento a quienes sufrieron el terrorismo, rechazar cualquier forma de justificación o enaltecimiento de sus autores y garantizar que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido". "Solo desde la memoria, la verdad, la justicia y la reparación puede asentarse una convivencia verdaderamente libre y democrática".

"Por todo ello, las Cortes de Aragón renuevan su compromiso con todas las víctimas del terrorismo y con sus familias, con la defensa de su memoria y su dignidad, con la verdad, la justicia y la reparación, y con la unidad de las instituciones democráticas frente a cualquier forma de terrorismo, de violencia o de legitimación de quienes la ejercieron".