La plataforma 'Que los Ricos Paguen la Crisis' critica la postura adoptada por los sindicatos mayoritarios y Gobierno

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Qué los Ricos Paguen la Crisis' (QRPC) surge para rechazar la actual situación económica y criticar la postura adoptada al respecto por los sindicatos mayoritarios y el Gobierno.

Según informó el secretario nacional de la Organización Sindical de Trabajadores Aragoneses (OSTA) y representante del sindicato en la plataforma, Pedro Lobera, en declaraciones a Europa Press, varias organizaciones y sindicatos deseaban movilizarse "en contra de la situación actual y de la pérdida de derechos que acarrea la crisis".

Por ello, acordaron firmar un manifiesto de mínimos "en el que todos nos sentimos cómodos, para convocar juntos una movilización y que la ciudadanía se manifieste". "Los sindicatos mayoritarios salen a la calle pero negocian con el Gobierno y hay quien no está de acuerdo con ellos: esa gente tiene que salir a la calle y visualizar su posición", aseveró.

Además, Lobera reconoció que conformar la plataforma "fue una tarea fácil" porque "todo el mundo tiene voluntad de manifestarse y de transmitir, todos a una, su rechazo a la situación de crisis, la oposición a una reforma laboral y del sistema de pensiones, además de reivindicar la defensa de lo público y de los derechos sociales y sindicales", sostuvo.

La plataforma se constituyó el pasado 11 de febrero y cuenta con la participación de Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA), Sindicato Obrero Aragonés (SOA), Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Estudiantes de Izquierda (SEI), Confederación General del Trabajo (CGT), Intersindical de Aragón (IA) y Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA).

MOVILIZACIONES

La plataforma QRPC considera que los trabajadores deben dar "una respuesta contundente" en la calle y, para ello, va a realizar dos movilizaciones importantes: una cadena humana que unirá el Banco de España y la oficina de empleo de Doctor Cerrada, el día 13 de marzo; y una manifestación que se realizará el día 18 de abril, ambas en Zaragoza.

Estas movilizaciones que convocan los sindicatos y que esperan "que sean apoyadas por asociaciones, colectivos y partidos políticos" reivindican "una lucha activa contra el paro y que se garanticen las prestaciones a los desempleados, así como una defensa de lo público con gratuidad de los servicios públicos".

El manifiesto de mínimos tiene como objetivo la lucha contra el paro, realizando una distribución del tiempo de trabajo con una semana laboral de 35 horas y eliminando las horas extraordinarias; y estabilizando el trabajo temporal hacia un empleo con derechos y eliminando la utilización de las empresas temporales.

Además pretende "luchar contra las reformas que reducen derechos laborales", como el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años "porque es preciso avanzar hacia una jubilación a los 60", además de instaurar como salario mínimo los 1.200 euros y un salario social para desempleados de 1.000 euros "para no condenarlos a la pobreza y a la exclusión".

La plataforma aboga, asimismo, "por un reparto justo de la riqueza" mediante sistemas de control a los beneficios de la banca, "con una lucha real contra el fraude fiscal y con una fiscalidad progresiva, de manera que pague más quien más tiene".

También pretende la puesta en marcha de "unos servicios públicos accesibles y de calidad" que posibiliten la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y una redistribución de la renta, "con unos servicios públicos gratuitos y con un control público de los precios de las necesidades básica: vivienda, energía, transporte, alimentación y vestido".

Por último, la plataforma busca "el derecho a la libertad sindical" en igualdad de condiciones en todas las empresas y Administraciones Públicas, independientemente de las líneas que cada sindicato platee, "que no criminalice el derecho a la huelga justificando sistemáticamente la imposición de unos servicios mínimos abusivos, que reconozca derechos a los inmigrantes y que no penalice la acción sindical mediante la represión judicial".