Nolasco reivindica "la prioridad nacional" y la reducción de la lista de espera de dependencia a 111 días

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido este jueves, 24 de septiembre, en las Cortes la gestión desarrollada desde su llegada al departamento. En una comparecencia solicitada por el PSOE para informar sobre las medidas de mejora, Nolasco ha reivindicado la reducción a 111 días del tiempo medio de resolución de la dependencia, la creación de nuevas plazas residenciales para mayores y las ayudas a familias y personas con ELA.

Nolasco ha asegurado que su actuación se desarrolla conforme al acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox y ha citado dos convocatorias publicadas este mes: una de casi un millón de euros para proyectos de familia destinados a favorecer la conciliación y otra de unos 491.000 euros para partos y adopciones múltiples. Ambas incorporan, según ha defendido, criterios de "prioridad nacional". "Aquello que decíamos cuando formamos parte de la oposición, lo trasladamos al programa electoral y del programa electoral los hemos plasmado en el acuerdo de gobierno y lo estamos cumpliendo", ha señalado.

El consejero ha defendido que este criterio será una "dinámica de trabajo constante" porque, a su juicio, "los recursos son finitos". "Si mañana vienen 500 millones de africanos, ¿cómo va a haber dinero y medios para ellos y para nosotros?", ha planteado, para concluir que, al repartir recursos, es "lógico" dárselos "a los que más tiempo llevan con nosotros y que más contribuyen al sistema". En este sentido, ha asegurado que su departamento trabajará para "luchar contra el fraude, contra la inmigración ilegal" y mejorar los servicios sociales "en todo lo que esté a nuestro alcance".

En este ámbito, ha puesto de relieve los recursos destinados a menores migrantes no acompañados y ha afirmado que Aragón ha ganado "17 de 17 sentencias" en procedimientos relativos a traslados de menores, que, según su interpretación, los tribunales consideraron ilegales. También ha anunciado que se realizarán pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados que lleguen y ha sostenido que entre el 70 y el 90 por ciento de las pruebas realizadas en otros casos determinan que son adultos.

Nolasco ha ligado además la gestión de los recursos de menores con la atención a las personas mayores: "Cuantas menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos", ha dicho. En este último ámbito ha cifrado en más de 150 las nuevas plazas residenciales impulsadas en Pina de Ebro, Fonz, Andorra y Sariñena. "Hemos ayudado a acelerar los trámites para la apertura", ha señalado.

El vicepresidente ha reivindicado asimismo la situación de la dependencia en Aragón. Según los datos actualizados a 31 de agosto, el tiempo medio de resolución se ha reducido a 111 días, frente a los 302 de media nacional. Nolasco ha hecho notar que Aragón es "la primera comunidad autónoma en rapidez" en este procedimiento.

En materia de ELA, ha explicado que hay entre 90 y 100 enfermos en Aragón y ha elogiado la orden publicada en julio, que permite ayudas de hasta 9.8549 euros mensuales para los casos más avanzados. "En seis semanas" se aprobó la orden, ha destacado, y ha asegurado que se pretende garantizar "la máxima dignidad para los enfermos de ELA y para sus familias".

Por último, Nolasco ha asegurado que en sus primeros cuatro meses ha mantenido reuniones con "más 80 entidades". "En cuatro meses se ha trabajado y se ha hecho en servicios sociales lo que nunca se ha hecho", ha afirmado.

PSOE Y PP ENFRENTAN SUS BALANCES

La diputada socialista Mónica Iglesias ha cuestionado la gestión de Nolasco y le ha reclamado medidas concretas para las personas dependientes, mayores, con discapacidad y familias. "¿Cuál es exactamente su política social, señor Nolasco?", ha preguntado. También ha cuestionado la "prioridad nacional" al advertir de que requisitos como cinco años de empadronamiento pueden afectar igualmente a españoles que se trasladan a Aragón para trabajar.

Iglesias ha señalado además que más de 8.000 personas siguen esperando una plaza pública o concertada. "Si una persona sale de la lista pero no recibe la plaza de residencia que solicita, el problema no se ha solucionado", ha afirmado.

El PP, por su parte, ha apoyado la evolución de los servicios sociales con datos de los informes del Imserso y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La diputada Susana Gaspar ha señalado que entre agosto de 2023 y agosto de 2026 se han producido 11.839 resoluciones de dependencia más, 11.937 personas más con derecho a prestación y 18.593 prestaciones más concedidas, mientras que el tiempo medio de resolución ha bajado de 194 a 111 días.

OTROS GRUPOS CUESTIONAN LA INVERSIÓN Y LA CALIDAD

Izquierda Unida ha criticado la gestión del Departamento y ha cuestionado que existan centros de menores sin contrato, además de señalar que Aragón se encuentra por debajo de la media en gasto social por habitante. Su portavoz, Marta Abengochea, ha acusado al Ejecutivo de apostar por un "modelo de bajo coste" y ha criticado la aplicación de la prioridad nacional.

Aragón-Teruel Existe ha advertido de que la rapidez administrativa no equivale necesariamente a calidad del servicio y ha reclamado más atención sociosanitaria en el medio rural.

Chunta Aragonesista por su parte, ha señalado que unas 300.000 personas, el 22 por ciento de las población aragonesa, se encuentran en situación de exclusión social. María del Carmen Bozal ha manifestado que los servicios sociales deben acompañar a cualquier persona que los necesite y ha preguntado cómo se aplicará la prioridad nacional y cómo se atenderá a los menores que deban ser trasladados a Aragón.

Vox ha respaldado la actuación de Nolasco y ha considerado que el principio de "prioridad nacional" debe incorporarse de forma transversal a las políticas públicas. Su portavoz, santiago Morón, ha sostenido que los recursos deben dirigirse prioritariamente a españoles y aragoneses y ha reclamado el control de las ayudas sociales y la suspensión de fondos a ONG vinculadas, según su posición, a la inmigración ilegal.