El presidente de ADELPA reclama que el Gobierno de Aragón asuma el pago de las sanciones a municipios pirenaicos
ZARAGOZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Red Aragonesa de Agua Pública (RAPA), Maribel Torrecilla, ha defendido este lunes que la gestión del ciclo integral del agua se lleve a cabo "libre de negocios" al ser "un derecho humano". Ha comparecido ante la Comisión parlamentaria de estudio del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) en una sesión donde también ha intervenido el presidente de ADELPA, Pablo Castán.
En su intervención, Maribel Torrecilla ha recordado que la Cámara de Cuencas alertó de la "insostenibilidad" del Plan de Saneamiento y Depuración, y ha solicitado que se realicen cambios legales para posibilitar la alternativa planteada por la entidad, "consensuada" por los grupos que la conforman y "elaborada con datos reales".
Ha planteado que la gestión del ciclo del agua se realice de forma "eficaz, sostenible, participativa y transparente", y que los trabajadores tengan condiciones laborales dignas.
Así, ha emplazado a "romper con el actual modelo" para "reducir costes" y que los municipios recuperen las competencias de saneamiento y depuración.
Ha pedido que se paralicen las licitaciones actualmente en marcha, que se suprima el ICA, que se establezca una moratoria del mismo en la ciudad de Zaragoza las localidades sin depuradoras, que se elabore un nuevo plan de depuración que sea "sostenible" y que no se utilice el sistema de concesión de obra pública.
También ha abogado por la construcción de depuradoras de modelo "extensivo" en los municipios con pocos habitantes, que se renegocien y se estudie el rescate de los contratos y que el Gobierno de Aragón asuma las multas y el canon de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
COSTES DE DEPURACIÓN
Por otra parte, ha recomendado que el coste del metro cúbico depurado y facturado sea, en Aragón, el de la media española, 0,920 euros por metro cúbico en 2016.
Ha expuesto que su propuesta consiste en repartir el coste total en tres segmentos, de forma que se abonaría una tasa por el servicio de depuración, los municipios que reciben este servicio a través de la Administración autonómica, a lo que se sumaría una cuota municipal de compensación o un impuesto solidario y, además, el Ejecutivo regional realizaría un aporte autonómico.
La tasa tendría una parte fija inferior a un tercio del precio total del recibo y después un valor por los metros cúbicos con coste decreciente. La cuota de compensación se pagaría "por solidaridad" con los municipios afectados por el Plan de Saneamiento y se facturaría a los Ayuntamientos. En cuanto a la aportación del Ejecutivo regional, serviría para pagar "gastos suntuarios anteriores".
En el caso de Zaragoza, no se pagaría la tasa porque ya paga una y sí abonaría lo que corresponde a la cuota de compensación, 3,6 millones de euros al año en total. Torrecillla ha continuado indicando que, en Zaragoza, se reduciría el coste para el ciudadano en un 64 por ciento aplicando la alternativa de la RAPA.
SANCIONES EN EL PIRINEO
Por su parte, Pablo Castán ha exigido que se construyan las depuradoras "sin más coste para los ayuntamientos", que se aplique el principio de "quien contamina paga de forma equitativa" y que el Gobierno de Aragón asuma el pago de las sanciones de la CHE por vertidos de todos los ayuntamientos incluidos en el Plan Pirineos de Depuración que han sido sancionados por no depurar.
"Somos los grandes perjudicados", ha lamentado Castán, destacando que "llevamos pagando el ICA desde el primer momento" pese a que la mayoría de las depuradoras siguen sin estar construidas y, a la vez, "tenemos que soportar las sanciones a muchos ayuntamientos por no depurar". "La mayor parte de los núcleos continúan sin depuradora", ha agregado el presidente de ADELPA.
