Víctor Serrano subraya que las cifras avalan la necesidad del convenio con el Colegio de Abogados
ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El servicio de asesoría jurídica gratuita para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, implantado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Colegio de Abogados de Zaragoza, ha supuesto la atención de 86 casos en el primer trimestre desde que el pasado mes de enero entrara en funcionamiento.
De los 86 casos tramitados, un 87 por ciento se han atendido por vía telefónica y el resto, un 13 por ciento, de forma telemática, de las cuales algunas han concluido por teléfono.
Respecto a los solicitantes, un 70 por ciento son propietarios de inmuebles afectados por la ocupación frente a un 27 por ciento que proviene de comunidades de propietarios y al 3 por ciento se les ha derivado hacia otro servicio. Las asistencias suelen tener una duración media de unos 30 minutos.
En un 91 por ciento las consultas son sobre viviendas frente al 7 por ciento de edificio completos y un 2 por ciento atañe a solares. Los distritos que acumulan más casos son Casco Histórico, con un 30 por ciento; seguido de Delicias, con un 13 por ciento, Torrero-La Paz, llega al 11 por ciento; San José tiene un 9 por ciento; Las Fuentes, alcanza el 8 por ciento, al igual que los barrios rurales.
El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, y el coordinador de este servicio de asesoría del Colegio de Abogados, Alberto Peiró, han ofrecido estos datos antes de mantener una reunión de seguimiento del acuerdo junto a la miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Pilar Arnas.
En declaraciones a los medios de comunicación, Víctor Serrano ha subrayado que estos datos avalan que la ocupación ilegal sin ser el problema fundamental "si es un problema" porque las cifras que arrojan el desarrollo práctico del convenio con el Colegio de Abogados "así lo manifiestan".
GUÍA PRÁCTICA
A su parecer, los 86 casos atendidos en tres meses representan un volumen "potente" para comprobar había necesidad y, además, una buena parte se han entablado con particulares.
Después de más de un año de pandemia "queda patente" la conveniencia del convenio y la confianza en el Colegio de Abogados, ha incidido Serrano. "Sabíamos que dejar en su manos el convenio era un plus a la hora de cumplir escrupulosamente con los derechos y obligaciones sociales como Ayuntamiento. Se ha actuado por el Colegio de Abogados con respeto a la legislación vigente y ante una situación de necesidad y empatía tras las necesidades detectadas por situaciones de vulnerabilidad".
Alberto Peiró ha comentado que los casos de ocupaciones ilegales a tenor de lo que han comentado los afectados obedecen en un parte a un perfil delictivo que abarca daños y coacciones a los vecinos, pero en su mayoría son familias con menores de edad. En esos casos se pone en conocimiento de los servicios sociales para que se les preste el servicio que corresponda.
Estos perfiles sociales son familias que se trasladan a las viviendas sin uso o segundas residencias que se localizan en el ámbito de los barrios rurales entre los que ha citado Montañana o Monzalbarba. "No se han detectado casos de ocupación ilegal sobre la vivienda habitual, que serían de allanamiento de morada, pero si de segunda residencia".
Para completar y facilitar la información, el Colegio de Abogados ha elaborado una "Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal" en la que se detallan cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.
La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono 650 662 430, que está operativo en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante
correo electrónico 'consultasocupacionilegal@reicaz.es'.
