Silva dice que los juzgados irán a la Expo y cumplirá su compromiso con ayuntamiento en Imprenta Blasco y Fuenclara

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, anunció hoy que la decisión de trasladar los juzgados a la Expo, en el meandro de Ranillas, "está tomada", aunque indicó que cumplirá su compromiso con el Ayuntamiento de Zaragoza, ubicando los registros civiles y el departamento en la Imprenta Blasco y el Palacio de Fuenclara.

En la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón, donde presentó el presupuesto de su departamento para 2010, que asciende a 150.045.592 euros, con un descenso global de un 6,47%, el consejero detalló las inversiones que se realizarán en la administración de justicia, y que pasan por ampliar y mejorar las sedes judiciales ya existentes y crear otras nuevas.

La Dirección General de Justicia contará con un presupuesto de más de 63 millones de euros, con un incremento del 6,35% frente al año anterior. En materia de inversiones directas, el aumento es del 34%, fondos que permitirán acometer el nuevo edificio de Fraga, donde se pondrá en funcionamiento "en febrero o marzo" un segundo juzgado; y se iniciarán las obras del nuevo Palacio de Justicia de Huesca, de modo que "a final de año tendremos el proyecto de ciuad de la Justicia" en la capital oscense.

En Zaragoza, se ampliará el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, actuando en el solar trasero del edificio; y se reagruparán todas las unidades judiciales en la Expo, una decisión "que ya está tomada", aseveró Silva.

No obstante, aclaró que "no dejamos fuera de sitio ni la Imprenta Blasco ni el Palacio de Fuenclara", dos edificios que "por cuestiones presupuestarias no se pueden acometer ahora" y que "no acometeremos hasta la siguiente legislatura".

En este sentido, incidió en que en Ranillas se ubicarán todos los servicios de Justicia, pero "mantenemos nuestro compromiso con el Ayuntamiento de forma que la Imprenta Blasco y Fuenclara serán la sede de los registros civiles y del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.

La Dirección General de Administración de Justicia es la única cuyo presupuesto se incrementa, para dar respuesta a las necesidades de personal y materiales. Se dedican más de 39 millones de euros para garantizar la puesta en marcha de las nuevas unidades judiciales, las necesidades de personal en los juzgados ante el aumento de la litigiosidad y la implantación de las unidades administrativas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, aumenta en más del 11% los recursos para consolidar el funcionamiento de la Administracion de Justicia y la ejecución de sus planes de modernización.

ESFUERZO

Rogelio Silva defendió el presupuesto para 2010 en su Departamento al señalar que no se ha realizado "una reducción aritmética, sino un esfuerzo de contención del gasto", fruto de la revisión de todos los programas que dependen del Departamento.

De hecho, "los recortes en presupuestos siempre son desagradables, porque detrás de las cifras hay unos destinatarios, pero con un presupuesto (de la Comunidad) restrictivo, no hay más remedio", apuntó, para agregar que "acometo el presupuesto con ilusión porque hay margen para hacer cosas", ya que, como ejemplo, las partidas de inversiones sólo se reducen un 1,74%.

La Dirección General de Administración Local cuenta con un presupuesto de 65 millones de euros, de los que más del 61% se destina a fondos incondicionales para las entidades locales y comarcas, porque esas administraciones "son las que mejor conocen sus necesidades". En esta dirección, el programa de Apoyo a la Administración Local se ha dotado con 19 millones de euros y el programa de Política Territorial, con más de 44 millones de euros.

Respecto a la Dirección General de Interior, su presupuesto es de más de 11 millones de euros, para mantener servicios como el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón o el apoyo a colectivos relacionados con la seguridad y emergencias, como los voluntarios de Protección Civil.

En este área, Silva remarcó que existen servicios "que no pueden mermar", por lo que se ha realizado "un esfuerzo presupuestario importante" con este objetivo. En el caso de la unidad de la policía nacional adscrita a la Comunidad dijo que "las aminoraciones no afectarán al funcionamiento de la unidad".

Por último, en la Dirección General de Ordenación del Territorio se dispone de más de tres millones de euros para 2010. Se potenciará el Centro de Información Territorial, se continuará con el Plan Cartográfico de Aragón y con el desarrollo del Sistema de Información Territorial, entre otros proyectos.

ATENTADO

La diputada del PP, Yolanda Vallés, consideró que los presupuestos presentados en materia de ordenación territorial y de administración local son "un atentado a los principios y acuerdos de las Cortes" al tiempo que dijo a Silva que "hoy le ha tocado defender lo indefendible".

Vallés aseguró que los presupuestos son un proyecto "alejado de la austeridad", para agregar que "no controlan el gasto, sino que lo cuadran", trasladando "la incapacidad económica a los más débiles", las administraciones locales y las comarcas, que eran "la estrella de la vertebración territorial".

Por su parte, el diputado de CHA, Chesús Bernal, opinó que el Departamento que lidera Rogelio Silva "es el pagano de unos presupuestos de crisis" y reprochó a Silva "venir a decir" a las Cortes "que esto es lo que hay, y no lo dice con una sensación pesimista, sino que al mal tiempo buena cara".

Bernal coincidió en criticar los recortes a las administraciones locales, al señalar que "se cortocircuita por la vía de los presupuestos toda la apuesta por la territorialización", lo que "es un ataque directo a una filosofía de que pueda existir una política territorial" en Aragón, a lo que agregó que "ojalá el ingenio y las ganas puedan suplir la falta de recursos" para 2010.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, planteó cómo afrontarán las comarcas la prestación de los servicios cuando su presupuesto "baja un 10 por ciento" y valoró que la actuación prevista en política territorial "es muy grave e irresponsable, porque repercutirá en toda la ciudadanía y agravará los problemas".

Por último, las diputadas del PSOE y PAR, María Pilar Palacín y Ana de Salas, respaldaron la intervención del consejero al señalar que "no es el mejor de los contextos posibles, pero si el mejor presupuesto posible".