Un total de 1.800 familias aragonesas, reconocidas ya como perceptoras del Ingreso Mínimo Vital desde el 1 de junio

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.800 unidades de convivencia en Aragón han recibido un SMS reconociéndoles el pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde el 1 de junio. Son 6.400 personas, de los que 3.600 son niños, ha avanzado este miércoles la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, quien ha comparecido en Comisión parlamentaria.

Broto ha apostado por conseguir el reconocimiento de los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para que pasen a cobrar, en su lugar, el Ingreso Mínimo Vital, manifestando su "preocupación" porque no en todos los casos será así.

El Departamento de Ciudadanía quiere que "estén atendidos los grupos más vulnerables", ha explicado Broto, mencionando las familias monoparentales, las víctimas de violencia doméstica y las personas con diversidad funcional. "Que se compatibilice con otros ingresos es muy positivo", ha añadido.

Ciudadanía pretende, asimismo, que los beneficiarios del ingreso estatal cobren el regional hasta que sean reconocidos y que si se le deniega a alguien siga cobrando el IAI durante el tiempo que lo tenga garantizado.

Broto ha continuado indicando que "una parte importante" de quienes cobran las ayudas a la integración familiar podrán cobrar la prestación del Estado y ha abogado por regular los casos de las personas de 18 a 22 años que no tienen hijos a cargo y, por otra parte, garantizar recursos para las personas sin hogar, que no cobran el IAI.

La titular de Ciudadanía y Derechos Sociales ha señalado que también se debe regular el proceso de inclusión de quienes perciban la renta estatal porque "es importante que sean personas incluidas y normalizadas en la sociedad".

MEDIDA HISTÓRICA

Broto ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón, donde ha celebrado la convalidación, por el Congreso de los Diputados, del Real Decreto-Ley que regula esta prestación estatal, cuyos objetivos son que todos los hogares con hijos tengan unos ingresos mínimos y reducir la pobreza extrema, "una medida histórica tan importante como la Ley de Dependencia".

Ha hecho notar que el Gobierno de España gestionará el IMV desde la Seguridad Social, "lo que supone decir que no es una medida de derechos sociales, sino de garantía de ingresos de los ciudadanos", ya que reconoce a todas las familias "que van a tener unos ingresos mínimos para poder sobrevivir y, si siempre ha sido necesario, lo es más en este momento", con motivo de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias en la economía y sociales.

"Se pretende acabar con la vulnerabilidad", ha dicho la consejera, destacando que los colectivos de beneficiarios serán más numerosos que los que perciben el Ingreso Aragonés de Inserción, que a fecha de hoy cobran 18.895 personas de 7.542 núcleos familiares. El Gobierno regional tratará de "coordinar" ambas normativas y considera "inconsistente" que solo País Vasco y Navarra puedan gestionar la prestación estatal, ha dicho Broto, resaltando que Aragón gestiona "muy bien" su renta social.

Broto ha celebrado que ningún grupo del Congreso ha votado en contra de la nueva prestación, lo que "nos tendría que servir para avanzar en otros temas", y ha defendido el Estado "como garante de que todas las personas vivan en España con dignidad".

GRUPOS

La diputada del PP, Marian Orós, se ha remitido al informe de FOESA correspondiente a 2019 para decir que el 17,4 por ciento de la población, 227.000 personas, se encuentran en exclusión, 105.000 en pobreza severa, de los que 50.000 sufren la exclusión "más dura". Ha proclamado que "los mecanismos de protección social han fallado".

Orós ha recordado que las rentas mínimos han tenido el impulso de "Gobiernos de todos los colores", pero "han resultado insuficientes" porque "no han solucionado el problema estructural". En el caso de Aragón, el 30 por ciento de las 17.000 personas que forman parte de las 7.000 familias que cobran el IAI son menores.

Ha preguntado cuántas familias aragonesas se van a beneficiar, cuántas se quedarán fuera, cómo se va a coordinar el IMV con la política de vivienda y qué papel está jugando la Administración aragonesa. También ha planteado que el IMV no debe convertirse en "un elemento disuasorio" para seguir buscando empleo y ha alertado contra la economía sumergida.

En representación del PSOE, Pilimar Zamora ha dicho que, en la votación en el Congreso, se puso de manifiesto que "somos capaces de llegar a acuerdos en asuntos vitales", tras lo que ha dejado claro que el IMV es un asunto "de justicia social" y que su aprobación es "una medida valiente, histórica".

Desde Cs, Loreto Camañes ha considerado que la nueva renta estatal "puede marcar un antes y un después en el impulso a la justicia social y contra la pobreza severa", confiando en que esta sea "una normativa de éxito".

La diputada de Podemos, Erika Sanz, ha opinado que el IMV es "un avance, un punto y seguido" porque "no podemos parar, hay que caminar ahcia la renta básica universal como derecho de todas las personas a vivir con dignidad y tener unos ingresos mínimos que les perrmitan vivir no teniendo que verse en situaciones de pobreza". "Basta de tratar de criminalizar la pobreza", ha exigido.

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha afirmado que esta renta estatal es "un deber de un Gobierno y no un chollo del que lo cobra", emplazando a "hablar de políticas públicas que se enfrenten a la pobreza".

El portavoz de Vox, David Arranz, ha subrayado que su partido "cree en el Estado social que ampara a sus compatriotas, especialmente los más vulnerables y los que tienen una serie de problemas vitales, sociales y laborales", apoyando las ayudas a todos los colectivos de forma "coyuntural, mientras la Administración, el interesado y los agentes sociales colaboran" para que los beneficiarios accedan a un empleo porque debe considerarse "una situación excepcional y anómala" que una familia tenga que vivir de subsidios estatales o autonómicos. "El mejor escudo social es el empleo", ha aseverado, alertando contra el "clientelismo" y el "efecto llamada".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha considerado "loable" la aprobación del ingreso estatal porque supone "un avance sustancial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad". Ha llamado la atención sobre la carga de trabajo que repercutirá en los Ayuntamientos.

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha defendido la gestión de este ingreso por la Comunidad Autónoma para "aprovechar la capacidad de pegada de nuestra red de servicios sociales" y ha señalado que "es una oportunidad para priorizar la atención a las familias vulnerables y ampliar la cobertura".