UGT Aragón pide a Broto que retenga los abonos a las empresas de Dependencia que no actualicen los salarios

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del Sector de Servicios Sociales y de Servicios a la Comunidad de UGT Aragón, Angélica Mazo, ha exigido este jueves a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, que retenga los abonos a las empresas del sector de la Atención a la Dependencia que no actualicen los salarios conforme al IPC anual, el 6,5 por ciento en 2021, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Acompañada por varios sindicalistas de UGT, Mazo ha presentado en el Registro del Gobierno de Aragón, en el Edificio Pignatelli, una carta dirigida a Broto con esta reivindicación.

En declaraciones a Europa Press, Mazo ha señalado que este es "un sector feminizado y en una situación precaria desde hace muchos años", agravada por la ultra-actividad del convenio durante los últimos tres años.

"Las empresas nos están dando largas para no reconocer los incrementos salariales", ha dicho Mazo, afirmando que "reciben mucho dinero público", de ahí que UGT exija al Gobierno regional que tome medidas.

Ha expresado que "los salarios son ínfimos, las jornadas muy largas y las ratios de personal muy ajustadas", añadiendo que las trabajadoras del sector han trabajado mucho durante la pandemia "con condiciones muy malas". El salario medio de una gerocultora no llega a los 1.000 euros en Aragón, ha apuntado.

CARTA A LA CONSEJERA

En la carta a la consejera María Victoria Broto, UGT Aragón manifiesta su "preocupación por la situación laboral del sector, en concreto la negativa de las empresas y patronales a actualizar los salarios de las plantillas".

El sindicato recuerda que el sector de la atención a la dependencia está regulado mediante el VII Convenio Marco Estatal y afecta a unas 275.000 trabajadores, el 90 por ciento mujeres, de residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia en toda España, unas 10.000 en Aragón.

Es un sector "fuertemente privatizado" que presta el servicio de acuerdo con las Administraciones públicas a través de la concertación de plazas, las licitaciones públicas para la gestión de servicios y la colaboración entre entidades del sector y la Administración.

UGT subraya que el Gobierno de Aragón "está destinando importantes cantidades económicas para financiar el sector de la dependencia, prestando un servicio a la sociedad y generando empleo".

Sin embargo, "lo que inicialmente se preveía como un yacimiento de empleo ha acabado convirtiéndose en un empleo precario, feminizado y cuya profesionalización tiene significativas carencias para poder ser definido como empleo de calidad".

La organización sindical ha criticado "la infamia de las patronales del sector hacia el conjunto de las trabajadoras y trabajadores, negando la evidencia del artículo 8 del convenio", según el cual los salarios se tienen que incrementar cada mes de enero conforme al IPC real del año anterior, que en 2021 ha sido del 6,5 por ciento según el INE.

PROTECCIÓN LABORAL

"Las Administraciones públicas no pueden actuar con desinterés hacia esta situación que vive el sector, ya que financian a las propias empresas que se niegan a actualizar las tablas salariales", asevera el sindicado en la carta dirigida a Broto para añadir: "No podemos dejar que en este sector primen los criterios económicos en detrimento de la protección laboral de las plantillas y más aún cuando estamos hablando de servicios gestionados por empresas privadas y financiados principalmente por las Administraciones Públicas".

"El trabajo feminizado, sin valoración social y condicionado por los intereses económicos tiene como consecuencia que las trabajadoras y trabajadores se sientan olvidados por todos, incluso por las propias Administraciones públicas financiadoras de los servicios públicos", agregan.

UGT manifiesta que "la Administración no puede mirar hacia otro lado y debe tomar medidas en favor de aquellos que trabajan en el sector", exigiendo al Gobierno de Aragón que "tome serias medidas reteniendo los pagos a aquellas empresas que no cumplan con las trabajadoras y trabajadores del sector".

La central sindical emplaza al Ejecutivo regional a "proteger el empleo del sector, no permitiendo que el dinero público recaiga en aquellas empresas que no cumplan sus obligaciones en el pago correcto de los salarios con las plantillas, y generar un empleo de calidad".

"La prioridad deben ser las personas, tanto los usuarios de los servicios como las trabajadoras y trabajadores; no podemos permitir que los intereses económicos abandonen a las trabajadoras del sector de la Dependencia", concluyen.