ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
VOX ha planteado la reforma de la normativa por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social porque, en su redacción actual, existe "inseguridad jurídica y un posible efecto llamada" de inmigración "masiva no legal".
En concreto, este partido quiere modificar el artículo de la ley aprobada en las Cortes de Aragón sobre esta materia que hace referencia a los beneficiarios de la prestación, ha explicado en una nota de prensa.
La redacción que propone es la siguiente: "Podrán ser beneficiarias de la Prestación Aragonesa Complementaria las personas con residencia legal y efectiva en Aragón de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Y empadronadas en un municipio de la comunidad aragonesa durante el mismo periodo de tiempo, que encontrándose en situación de vulnerabilidad económica, no cumplan todos los requisitos para ser titulares del IMV, en las condiciones que se determinen reglamentariamente".
Añade: "En el supuesto de personas titulares del IMV, éstas podrán tener la consideración de beneficiarias del complemento fijado para esa prestación siempre que se cumplan los requisitos para ser beneficiario".
VOX también ha pedido derogar todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta ley.
DECRETO
Este partido ha sostenido que el decreto de desarrollo de esta ley "no aporta claridad". Por un lado, "ha pretendido subsanar la Ley 3/2021 por vía reglamentarla, atentando contra el principio de legalidad y jerarquía normativa puesto que un reglamento no puede modificar una ley de rango superior", ha dicho el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón.
Por otro, ha continuado, en cuanto al fondo, la redacción final del artículo 4.f "genera mayor confusión y equívoco en cuanto a los requisitos para ser beneficiario".
Para Morón, el Gobierno de Aragón "ha tenido tiempo suficiente para corregir esta situación, pero no lo ha hecho, por ese motivo VOX impulsa esta proposición de ley ya que se establecen unos requisitos de acceso a la prestación menos rigurosos que los establecidos en la legislación estatal del IMV y son del todo confusos e incluso contradictorios entre sí".
Además, a su entender, "se abre la puerta" a que con la aplicación de este Decreto "se pueda generar una serie de consecuencias negativas", como la judicialización de muchas solicitudes, el posible "colapso" en la tramitación y el consiguiente "perjuicio" a los solicitantes y "un efecto llamada que conllevaría la entrada en Aragón de inmigración masiva no legal".
VOX ha incidido en que tanto el desarrollo reglamentario que se ha llevado a cabo por el Gobierno, como el texto inicial de la Ley 3/2021 "son del todo desacertados" y "generarán inseguridad jurídica y consecuencias negativas que estamos a tiempo de evitar".
Morón ha estimado que el legislador "debe aportar claridad y certidumbre, por eso con esta iniciativa pretendemos contribuir a la seguridad jurídica y evitar alarmas sociales innecesarias.