Publicado 05/09/2020 10:18:10 +02:00CET

El 66% de los beneficiarios del SSB en Asturias han pedido percibir el IMV

Los consejeros Melania Álvarez y Enrique Fernández
Los consejeros Melania Álvarez y Enrique Fernández - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano han recibido la autorización de más de 14.700 beneficiarios del salario social básico (SSB), la renta asturiana para los más desfavorecidos, para pasar a percibir el (IMV) ingreso mínimo vital, la prestación contra la pobreza que ha puesto en marcha el Gobierno estatal, lo que representa el 66% del total.

Son los datos que arroja el balance del proceso que comenzó el 15 de junio y concluyó el 17 de agosto, por el que las administraciones local y autonómica han obtenido el permiso de estas personas para que el Gobierno central gestione directamente su solicitud de la renta estatal.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el procedimiento ha evitado a los usuarios cargas burocráticas. Los perceptores que no han dado su consentimiento en este período deberán realizar ahora la tramitación a título particular en los canales habilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El Principado enviará antes del 15 de septiembre el fichero con los datos de los expedientes que cumplan los requisitos requeridos por el INSS. Este es el plazo otorgado por el gobierno estatal para que las solicitudes sean aceptadas y se tramiten con efecto retroactivo de 1 de junio. La Administración central dispone de tres meses para resolver los expedientes recibidos.

En Asturias hay registradas 22.219 familias que perciben el salario social básico. La previsión es que la mayoría pasen a cobrar el ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta además que si la cuantía que se les reconociera en la prestación nacional fuese inferior a la autonómica, se les garantizará que alcancen el importe del salario social.

No obstante el Principado ha informado que mantendrá la ayuda autonómica para aquellos colectivos que queden excluidos de la renta estatal, como es el caso de las personas con pensiones no contributivas, las mayores de 65 años que vivan solas o las unidades familiares que lleven conviviendo menos de un año.

Contador