Agentes inmobiliarios cuestionan que algunas zonas tensionadas se concentren en áreas turísticas o de segunda residencia

   OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Asturias, Antonio Vega Fernández, ha defendido este viernes que el problema de acceso a la vivienda debe abordarse con medidas a largo plazo y más vivienda protegida, al tiempo que ha cuestionado que algunas de las zonas tensionadas propuestas por el Principado se concentren en áreas turísticas o de segunda residencia.

   Vega ha realizado estas declaraciones antes de participar en la jornada 'Zonas Tensionadas: ¿Solución o Drama?', organizada por Coapi Asturias en la Cámara de Comercio de Oviedo con el objetivo de analizar la aplicación de la Ley de Vivienda y conocer la experiencia de otros territorios donde este tipo de medidas ya están en vigor.

   El presidente del colegio profesional ha explicado que la entidad no pretende posicionarse a favor o en contra de las zonas tensionadas, sino trasladar a la Administración la experiencia acumulada en comunidades como Cataluña, País Vasco o Galicia y contribuir a que las medidas que se adopten resulten beneficiosas tanto para propietarios como para inquilinos.

INCERTIDUMBRE SOBRE LAS ZONAS TENSIONADAS

   Vega ha comentado que existe incertidumbre sobre las consecuencias que tendrá la aplicación de la normativa y sobre medidas como el derecho de tanteo y retracto anunciado por el Gobierno asturiano. Respecto a las zonas tensionadas, ha considerado que algunas de las áreas planteadas responden a una problemática diferente a la del acceso a la vivienda habitual, al tratarse de espacios donde predominan los usos turísticos o la segunda residencia.

   "Hay que dar soluciones a la vivienda a la gente joven, a mucha gente", ha afirmado, aunque ha añadido que esas soluciones "no tienen por qué ser zonas de primera línea de playa o zonas que la segunda vivienda es lo que prevalece".

   Asimismo, ha planteado dudas sobre el ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración autonómica y se ha preguntado qué recursos presupuestarios se destinarán a esta medida. A su juicio, si esas partidas son relevantes, podrían emplearse en la construcción de vivienda protegida o de viviendas a precios asequibles.

   Vega ha defendido además que el problema de la vivienda requiere políticas sostenidas en el tiempo y ha advertido de que no se resolverá "ni en el 2026 ni en el 2027". "Tenemos que hacer políticas para que en el 2030 o el 2031 hayamos solucionado un problema que hay ahora mismo de vivienda", ha señalado.

ZONAS TENSIONADAS: OFERTA Y PRECIOS

   Durante la jornada también ha intervenido el doctor en Derecho Carles Sala Roca quien ha expuesto los resultados de un estudio sobre la aplicación de regulaciones del alquiler en más de un centenar de países durante el último siglo y ha hablado sobre la experiencia en Cataluña.

   Según ha explicado, la evidencia analizada muestra que los mecanismos de contención de rentas contribuyen a frenar los precios de los alquileres, aunque también reducen la oferta disponible de vivienda. En su opinión, este efecto ha provocado en Cataluña que parte de los pequeños propietarios opten por retirar sus inmuebles del mercado del alquiler.

   Sala ha señalado que, a diferencia de Cataluña, Asturias no cuenta con un régimen sancionador específico vinculado a las zonas tensionadas, por lo que considera que será necesario observar cuál es el comportamiento del mercado una vez que las medidas entren en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

   Asimismo, ha apuntado que la declaración de zonas tensionadas en ámbitos parciales dentro de un mismo municipio, como ocurre en Asturias, podría generar una reducción de la oferta en esos espacios y desplazar la demanda hacia otras zonas del concejo.

   Por último, ha reclamado que la declaración de zonas tensionadas vaya acompañada de un plan que permita revertir las circunstancias que motivan su aprobación y ha defendido que este tipo de medidas deben tener carácter transitorio y extraordinario, evitando que se prolonguen de forma indefinida.