OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles los dictámenes con los que salen adelante las leyes de Empleo Público y de Calidad Ambiental.
El vicepresidente del Gobierno del Principado y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, fue el encargado de su defensa en sede parlamentaria.
Sobre la ley de Empleo Público, Cofiño resaltó la necesidad de adaptar la administración pública a los retos de la sociedad contemporánea. También destacó que ambas normas se empezaron a elaborar en paralelo tras el confinamiento por la pandemia, que ha acelerado transformaciones para las que todos los individuos e instituciones deben adaptarse para aprovechar las nuevas oportunidades que surjan.
Por ello, el vicepresidente asegura que la ley de Empleo Público permitirá dotar a la administración de un instrumento más para ofrecer mejores servicios y de forma más ágil a la ciudadanía. "La administración no puede permitirse ser un convidado de piedra, un actor ajeno al camino de modernización que de manera decidida ha emprendido nuestro tejido industrial y empresarial", sostiene, valorando el respaldo mayoritario de los empleados públicos.
Juan Cofiño ha aseverado que la ley de Empleo Público se convertirá "en un instrumento clave para avanzar en el objetivo estratégico de disponer de los recursos humanos adecuados y con las competencias necesarias para que los servicios públicos se presten al nivel que demandan los ciudadanos en un escenario de administración moderna y con entornos de tramitación electrónica que evoluciona y se adapta a nuevas necesidades sociales y ello, sin menoscabo de los derechos adquiridos por los trabajadores así como del mantenimiento y refuerzo del empleo público".
El diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón ha incidido en que su formación subsanó "algunas de las carencias" mediante 15 enmiendas, de las que cinco fueron aceptadas por la Ponencia relativas a facultar un sistema de ayudas para el acceso a la función pública, transparentar las razones de los sistemas selectivos, articular ciertas pautas en las comisiones de servicio, suprimir aspectos abusivos de las faltas disciplinarias y modificar elementos puntuales del complemento de productividad.
Para Ciudadanos la norma mejora la función pública, tratando de evitar "discrecionalidades" y de aportar claridad al objetivo de eficiencia en el servicio. Al respecto, el diputado de la formación naranja Luis Fanjul confirmó el voto favorable al texto y quiso destacar el "buen ambiente" que hubo en la ponencia y cómo todos los grupos hicieron aportaciones. Del mismo modo, Ovidio Zapico (IU) confirmó que su grupo se suma "con un sí sin mucho entusiasmo" al esfuerzo para actualizar la administración pública asturiana.
El diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha optado por la abstención argumentando que estuvo apartado de la negociación por parte del que fuera su grupo parlamentario y del que fue expulsado, Ciudadanos. Asimismo, entiende que la norma tiene un resultado "medriocre" por no haber incorporado un análisis detallado de las fortalezas y debilidades de la administración autonómica. "Para llegar a esto con seis folios hubiera bastado", dijo, lamentando falta de ambición.
Desde el PP, Pablo Álvarez-Pire ha coincidido en la necesidad de actualizar la norma, aunque ha lamentado la falta de negociación con su grupo y existen cuestiones que generan a los 'populares' "bastantes reparos" a la hora de poder sumarse a su aprobación por lo que optan por la abstención. El diputado aseguró que esperaba "más" del proyecto del Gobierno tras la "expectación" que había generado sobre esta norma el Ejecutivo de Adrián Barbón. Así, dijo compartir el diagnóstico y los objetivos apuntados por el vicepresidente Cofiño, lamentando que "eso no se trasladado" a la elaboración de la ley. "Para acabar con la burocracia hay que ser muchísimo más valientes e ir un paso o dos más allá de los que va esta ley", apuntilló.
Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, coincidió en la necesidades de una nueva ley de empleo público para actuar la norma de 1985, aunque matizó que el consenso con representantes del personal se rompió durante el proceso y ahora se muestran críticos con el dictamen que saldrá adelante. "Estando de acuerdo con la justificación, no tenemos claro que esta ley permita hacer frente a esa modernización", añadió para confirmar que Foro no votaría a favor del texto.
La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha apuntado la "decepción" al entender que se trata de una ley "arbitraria" que, cree, aporta "mínimas mejoras" al tiempo que "limitará" derechos y "aumentará desigualdades" entre los empleados públicos.
El socialista Ricardo Suárez Argüelles puso en valor el compromiso cumplido del Gobierno del Principado para ordenar y modernizar la administración con una norma que actualiza la legislación de personal y pretende mejorar la prestación de los servicios.
EL PP Y CS RESPALDAN LA LEY DE CALIDAD AMBIENTAL
Tensiones en el ámbito de la izquierda ha evidenciado la aprobación Ley de Calidad Ambiental, que ha prosperado con la suma de los votos de los socialistas junto al PP y Ciudadanos. Además de Vox, han sido especialmente críticos con el texto desde IU y Podemos, que han votado en contra.
El portavoz de Foro, Adrián Pumares, recordó que logró incorporar enmiendas para "mejorar una ley necesaria e importante" en lo relativo a las corporaciones locales, sobre registros de declaraciones responsables ambientales o sobre instalaciones ganaderas dentro de núcleos de población. No obstante, lamentó que no pudieran incluirse otras que defendió ante el pleno sobre la evaluación y control de posibles actividades que pudieran afectar al medio ambiente y la actividad pesquera, vinculando su voto a lo que ocurriera con esas enmiendas.
Para Ovidio Zapico (IU) se debe votar "en contra de esta ley" porque supone "un retroceso medioambiental en Asturias"; a la vez que Nuria Rodríguez (Podemos) alertó de que esta ley "rompe el equilibrio y rompe el consenso", incidiendo en que ninguna organización ambientalista ha respaldo este texto.
Para el diputado del Grupo Mixto esta ley "es necesaria aunque adolece de la misma debilidad política" que la de Empleo Público, por lo que también optó por la abstención.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, confirmó su respaldo también a esta norma por su "carácter dinamizador" en una legislatura con escasa actividad legislativa; y desde el PP, Javier Brea hizo lo propio, destacando la importancia de la norma y agradeciendo la incorporación de enmiendas presentadas por su grupo para "mejorar" el texto, al tiempo que rechazó las enmiendas de Foro al entender que irían contra la voluntad de simplificación administrativa que busca la ley.
El diputado del PSOE Ángel Ricardo Morales recordó que se presentaron 80 enmiendas de las que 73 fueron incorporadas totalmente o mediante aproximaciones. El parlamentario socialista ha mostrado su "resignación" por no haber sido capaz de convencer a todos los grupos de las "bondades" de esta ley para ofrecer a la ciudadanía "claridad, rapidez y fiabilidad " en la evaluación de sus iniciativas relacionadas con el medio ambiente "sin modificar los parámetros de protección".
