Ramos asegura que Gabino cedió el palacete a la institución para intentar "aminorar" el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo
OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ) en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, manifestó que la Fundación Príncipe de Asturias debe abandonar el palacete de Villa Magdalena porque "así lo indica la ley de expropiación forzosa". "El edificio se podía expropiar con la condición de que fuese para uso público", añadió.
Sánchez Ramos negó que el alcalde pretenda expulsar a la Fundación Príncipe porque "no considera que Gabino de Lorenzo se haga republicano a estas alturas" y porque "es la única salida que tiene el regidor para cumplir la ley: hacer un centro social y una biblioteca".
El representante de ASCIZ apoyó esta medida del ayuntamiento por entender que el palacete de la Avenida de Galicia es de todos los ovetenses y no debe de estar ocupado por una entidad privada que "además recibió grandes cantidades de dinero en su aniversario".
Sánchez Ramos manifestó que el alcalde cedió Villa Magdalena a la Fundación Príncipe de Asturias para intentar "aminorar" el impacto de la sentencia el Tribunal Supremo "que ya preveía". El concejal recordó que la comisión de Gobierno del ayuntamiento adoptó el 5 de julio de 2004 el acuerdo de interponer el recurso de casación frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que valoraba el suelo en 1.781.942 millones de pesetas (casi 11 millones de euros).
El edil de ASCIZ destacó que cuando el ayuntamiento adoptó esta decisión había un informe del abogado del consistorio en el que señalaba que "no se puede ni debe silenciar que las probabilidades de que dicho recurso prospere resultan ciertamente limitadas". Por ello, desde ASCIZ reclamaron hoy al interventor del ayuntamiento para que diga los intereses que se abonaron desde la toma de decisión de recurrir (julio) hasta el 31 de diciembre.
Por ello, Roberto Sánchez Ramos acusó al equipo de Gobierno de "negligencia" al seguir adelante con un proceso judicial que desde el principio sabían que estaba perdido. "La prueba está en que concejales del PP confirmaron que llevan tiempo hablando con el constructor para solucionar la deuda", dijo el concejal.
Respecto a la unidad de todos los partidos en 1986 cuando se decidió expropiar Villa Magdalena, Ramos manifestó que estuvo de acuerdo por el precio de 500 millones de pesetas (3 millones de euros) que le costó al constructor y no por el pago de 1.781.942 millones de pesetas (11 millones de euros).
