Su presidente dice que hay jueces que ven "mucho trabajo" en enviar a personas violentas a prisión
OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV), José Migue Ayllón, cree que el caso de Iván Ruiz Lucena, asesinado en 2007 en Madrid por un hombre que estaba incumpliendo una orden judicial de tratamiento externo, constituye un "desastre del sistema". Pero según ha señalado Ayllón, no se trata de un caso aislado, sino que se producen muchos crímenes en España por parte de personas "peligrosas" que están "sueltas" por un mal funcionamiento de la Justicia. "Si no le hubiese tocado a Iván, le hubiese tocado a otro", ha dicho.
Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press, tras trascender la sentencia de la Audiencia Nacional que ha reconocido que el asesino de Iván Ruiz, Jesús B.B., incumplía en el momento del asesinato una sentencia judicial previa que le obligaba a someterse a tratamiento externo, condición indispensable para su libertad condicionada. En ese periodo incluso cometió más delitos. Nadie veló por esa obligación y la Audiencia Nacional reconoce en la sentencia un "anormal" funcionamiento de la Justicia.
Iván Ruiz, cámara de televisión y empresario, falleció el 9 de noviembre de 2007 a consecuencia de un disparo en la cabeza de Jesús B.B., quien estaba en un garaje de la calle Carmen Montoya de Madrid y abrió fuego contra él por sorpresa y sin razón alguna. Aunque Iván Ruiz era natural de Madrid, siempre mantuvo unas relaciones muy estrechas con Asturias, donde pasaba temporadas en el municipio de Cangas de Onís. Además de ese control que debía cumplir, Jesús B.B. Tenía numerosos antecedentes y había sido detenido en numerosas ocasiones.
José Miguel Ayllón afirma que el Estado es "responsable subsidiario" de lo que le ha sucedido a Iván y que por eso debe de responder e indemnizar a la familia. "Es un escándalo, hay una impunidad tremenda", ha señalado el presidente de ANVDV. Explica que, según la Ley, el responsable de que los condenados al tratamiento externo lo cumplan es el juzgado que condena. Pero "en la práctica" el que se ocupa es el juez de vigilancia penitenciaria, que en ocasiones "ni siquiera sabe qué hacer".
Por lo tanto, es en este punto donde Ayllón detecta una anomalía, una "chapuza", que ha desembocado en que finalmente haya un fallecido en este caso. Por eso confía en que finalmente la Audiencia Nacional dé la razón a la familia de Iván, que ha presentado un recurso de casación de unificación de jurisprudecia para reclamar una indemnización. "En otros muchos casos, los jueces están señalando al Estado como responsable subsidiario y, a la vista de lo ocurrido, en este también debe hacerlo", opina.
Otro factor que ha destacado Ayllón es la facilidad con la que Jesús B. B. tuvo acceso a un arma de fuego. Según ha explicado, este es un problema generalizado, dado que los controles de los servicios de Aduanas "se han relajado en los últimos años" y han permitido que entren muchas armas de fuego en España. La prueba, ha dicho, es que cada vez se incautan más armas de este tipo, incluso subsusiles, cuando antes los crímenes violentos en el país se producían únicamente por armas blancas.
TRABAJAR POCO
A nivel más general, Ayllón advierte del exceso de personas con perfiles violentos que están en la calle a pesar de haber sido detenidos. Ni el juez decreta prisión ni el fiscal lo solicita. A juicio del presidente de la ANVDV, la causa fundamental es que mandar a una persona a prisión "da mucho trabajo" y obliga al juzgado a agilizar todos los trámites. "A la Justicia no sólo le tiembla el pulso en estos casos, sino que hay Parkinson judicial", ha comentado.
Según ha explicado, la sociedad está "más indefensa que lo que cree" en estos casos. En ocasiones las detenciones repetidas no llevan a nada. Y otras veces se dejan pasar los plazos y finalmente el individuo peligroso sigue en la calle. "La Justicia no está funcionando y hay señores en la calle que han cometido barbaridades; total impunidad", ha lamentado.
Lo peor es que estas circunstancia se hacen a veces, según señala, a sabiendas. "En los juzgados de Plaza de Castilla, la gente sale en libertad por cargos por diferentes cuestiones, aunque el juez que lo deja en libertad y el juez que no pide la prisión tienen la certeza de que cuando salgan van a dar otro palo; incluso el juez y el fiscal quitan los coches de esa zona por si acaso", apunta.
"Nunca he visto sanciones a ningún juez o fiscal por haber dejado de pedir prisión preventiva a alguien que haya cometido un crimen posterior", lamenta Ayllón, que opina que los jueces deberían aplicar más la prisión preventiva para evitar otros delitos.
DIFERENCIAS CON VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Según el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV) resulta además "muy doloroso" el "agravio" que se produce en España entre las víctimas del terrorismo y las víctimas comunes que, como Iván Ruiz, fallecen como consecuencia de un asesinato.
Mientras en unos crímenes el Estado responde, da indemnizaciones y ofrece todo tipo de ayudas a las víctimas, en el caso de los delitos violentos al uso no hay nada de eso. "Las sociedades avanzadas como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Nueva Zelanda o Bélgica tienen un sistema de resarcimiento a las víctimas sin distinciones", ha subrayado, recordando que también la legislación europea apunta en ese sentido.
Ayllón lamenta que en España el Estado no asuma su responsabilidad y que sean los afectados los que tengan que acudir a los tribunales para reclamar esa responsabilidad. Aunque el porcentaje de éxito es importante en las sentencias, Ayllón señala que es difícil que las víctimas reúnan fuerzas para realizar esa reclamación porque muchas veces tienden a "aislarse por el dolor".
Según los datos que maneja la ANVDV 1.500 muertes anuales por crímenes violentos, casi un millón de lesiones, y entre 25.000 a 50.000 lesionados muy graves. Las agresiones sexuales graves son unas 9.000 al año. "Pero hay una estadística negra importante en cuestión de violencia sexual, porque habría que añadir por ejemplo las turistas que las sufren, no denuncian y se vuelven a su país", ha señalado.
La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV) es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1996, por un grupo de abogados sensibilizados ante la falta de derechos reconocidos de las víctimas, con respecto a los derechos de los agresores. La finalidad de esta asociación es reivindicar y defender los derechos de las víctimas de los delitos violentos.
