El Gobierno de Asturias avisa a Puente y Aucalsa: denunciará si no se resuelve la situación de la autopista del Huerna

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado este lunes dar el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo en relación con la situación actual de la autopista del Huerna (AP-66) mediante el envío de requerimientos formales tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, como a la sociedad concesionaria, Aucalsa.

Según ha informado en una rueda de prensa el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, la decisión responde específicamente a la "degradación" del servicio derivada de la ejecución simultánea de obras, restricciones de capacidad y limitaciones de velocidad que afectan de forma continuada a la infraestructura.

La medida ha sido adoptada tras el análisis de las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

El Principado, ha explicado Peláez, ha constatado una "degradación sustancial, sostenida y generalizada" del nivel de servicio, de carácter estructural y no meramente puntual, que afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial.

Los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de "múltiples incidencias" a lo largo del trazado que incluyen reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña.

Estas circunstancias están provocando "un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura", señalan desde el Ejecutivo regional.

Además, no consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial.

A juicio del Ejecutivo autonómico, la situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones. Asimismo, se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura. En caso de no obtenerse una respuesta adecuada, el Principado interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

Peláez ha comentado que este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio. "Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana", ha señalado el dirigente asturiano.