UGT y ANPE, únicas organizaciones que apoyan el proyecto
OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de los sindicatos CCOO, Suatea y CSIF mostraron hoy en el Parlamento su oposición al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, por lo que llegaron a pedir la retirada del mismo, en palabras de la representante de Suatea, Beatriz Quirós. Además, los letrados Carlos Álvarez-Buylla y Teresa Gallart advirtieron de la posible inconstitucionalidad del proyecto que calificaron.
Los sindicatos comparecieron hoy en la Comisión de Administraciones Públicas de la JGPA para dar cuenta de su parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos.
El primero en intervenir fue el representante de UGT, Indaleio Estrada, que defendió el proyecto de ley y apeló a la responsabilidad de los diputados para que la articulación de la ley, que mejorará el servicio público docente, sea una realidad. Estrada recordó además que hubo profesionales de CCOO y de CSIF que en contra de los dictámenes de sus organizaciones se adhirieron a la carrera y los felicitó por ello.
En el mismo sentido se manifestó el Secretario general de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez, que arremetió contra CCOO por "firmar en un sitio lo que niegan en otro". Quiso además desmentir informaciones interesadas de quienes a la organización firmante les acusan de haberle hecho el trabajo sucio a la administración, porque nada más lejos de la realidad. "Nuestra posición ha sido desde el principio coherente y reivindicativa. ANPE suscribe el acuerdo en un ejercicio de coherencia y responsabilidad", dijo.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Enrique Fernández, se mostró contrario al proyecto e insistió en que a su organización le gustaría que fuera una ley para todos los docentes y no sólo para parte de ellos.
"No dudamos la legitimidad de todas las organizaciones para firmar acuerdos con la administración, pero algo tan importante como lo que traemos hoy al Parlamento, debería tener el respaldo de todas las organizaciones sindicales o como mínimo de la mayoría y este proyecto de ley no trae el respaldo ni de la mesa sectorial de educación ni de la general, porque en ningún caso hay respaldo sindical mayoritario", dijo Fernández.
Insistió en que CCOO está a favor de que todos cobren, hayan o no firmado la carrera, porque esa resolución está anulada y además todos los profesores hacen el mismo trabajo. Además añadió que han ofrecido a la Administración unos plazos para abonar estas cantidades, pero la administración no ha querido oír hablar de ese asunto. "No nos negamos a la evaluación, faltaría más, pero el proyecto de ley vuelve a caer en los mismos errores", dijo a la vez que insistió en que reclaman que se legisle para todos.
La secretaria general de Suatea, Beatriz Quirós, reiteró en el Parlamento que el proyecto de ley carece de base legal y se refirió a la discriminación salarial a veces de 7.000 euros que sufren los docentes. "Estamos ante la degradación de la Educación asturiana con una ley que pretende discriminar de por vida a buena parte del profesorado", dijo.
Quirós manifestó que existen alternativas a esta ley, pero lo que falta es voluntad política para ello y añadió que este proyecto sólo pretende saltarse una sentencia del TSJA. "Por ello le pedimos al Principado que desista de su empeño en legislar saltándose el camino marcado".
El secretario de CSIF, Gerardo Domenech, manifestó que este proyecto nace del propósito de que ningún docente tenga que devolver el dinero, y para su organización este objetivo no es suficiente. "Estamos ante una discriminación que no tiene ninguna base legal, por lo que pedimos que se acabe con la misma".
Destacó por ello la necesidad de enmiendas al proyecto que den solución a las personas que no se han adherido a la carrera profesional, así mismo reclamó una acreditación de méritos y no una evaluación, para eliminar la subjetividad.
OPINIÓN DE LOS ABOGADOS
En la comisión también participaron los abogados Carlos Álvarez-Buylla y Teresa Gallart que mostraron su oposición al proyecto de Ley. Álvarez-Buylla mostró su "absoluta discrepancia con el proyecto" y destacó que se trata de aprobar "con nocturnidad y alevosía".
"Resulta sorprendente, porque el motivo último del proyecto es impedir el cumplimiento de las sentencias del TSJA, además incurre en los mismos errores", dijo el letrado que insistió en mostrar su "más enérgica discrepancia con el proyecto de ley, que no resuelve el agravio sino que consolida el mismo".
Por su parte la abogada Teresa Gallart, advirtió también del gravísimo riesgo de inconstitucionalidad y volvió a referirse a los varios motivos de impugnación de los sindicatos, que no se han corregido en el nuevo proyecto.
