MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados dará luz verde este jueves, gracias a la mayoría del PP, al proyecto de Ley de Parques Nacionales, que en su trámite en el Senado, ha introducido una enmienda, la polémica 278, que permite actividades como la caza o la tala al menos hasta finales de 2020. Es previsible que toda la oposición vote en contra.
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular han avanzado a Europa Press que no tiene previsto rechazar esta modificación del Senado en su último trámite en la Cámara Baja, tal y como le han reclamado el resto de grupos parlamentarios y las principales organizaciones ecologistas.
De confirmarse esta postura, el texto normativo, que prohíbe la caza, la pesca, la tala con fines comerciales u otras actividades en estos enclaves que gozan con la máxima protección ambiental, establecerá una prórroga de seis años desde su entrada en vigor para que estas actividades puedan seguir desarrollándose en estos espacios, lo que permitirá, por ejemplo, seguir cazando en los Parques Nacionales hasta finales de 2020.
Hasta ahora, con la Ley aprobada en 2007 con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, el Parque Nacional de Cabañeros y Picos de Europa tenían una prórroga de diez años, hasta 2017, en los que se podría cazar en las fincas cinegéticas, pero con la nueva Ley esta prórroga de seis años estará en vigor para todos los Parques de la Red, ya que no restringe esta opción a un parque en concreto.
Cabañeros tiene fincas privadas en manos de trece propietarios, según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a Europa Press.
En concreto, la enmienda 278 --que se incorporó al texto en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado-- señala que las administraciones públicas adoptarán "en un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor" de la ley las medidas "precisas" para adecuar la situación de los parques nacionales que ya están declarados, excepto en lo relativo a las superficies mínimas establecidas.
El texto de la enmienda añade que los acuerdos voluntarios tendrán que celebrarse sobre la base de los criterios técnicos que elaborarán las Administraciones Públicas gestoras de cada Parque Nacional, con la participación de los propietarios y que los planes rectores de uso y gestión de estos enclaves que gozan de la mayor protección tendrán que incorporar "en todo caso", el contenido de los acuerdos voluntarios.
De este modo, el PP en el Senado justifica este texto alternativo en la necesidad de establecer que la adecuación de los Parques Nacionales ya declarados a la Ley se realice "con seguridad jurídica".
SIN FRACKING
Los artículos 6 y 7 del proyecto de Ley establecen que los requisitos para ser Parque Nacional son estar ocupado en una superficie adecuada por formaciones naturales que no tengan aprovechamientos de carácter agrícola, forestal, o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas. Tampoco podrán contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio no integradas en los programas de uso público o de visita del parque nacional.
La futura norma regula la conservación de los quince Parques Nacionales que existen en España, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas. La última incorporación, en junio del año pasado, fue la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
El texto fue remitido al Congreso en enero 2014 y, desde el inicio de su tramitación, la oposición advirtió del peligro de que las nuevas excepciones recogidas en la norma, como la urbanización, por lo que se modificó el texto de modo que se asegura, según el PP, que el suelo de estos espacios no va a ser urbanizable, salvo en el caso de tres municipios enclavados en Picos de Europa y Monfragüe.
Entre otras novedades de la ley, se aclara que, en la fase de declaración de parque nacional, sólo se deberán identificar aquellas actividades que pudieran resultar incompatibles con la figura de parque nacional, mientras que será el plan rector el que determine las actividades compatibles.
A su vez, se establece el derecho del Gobierno a adquirir la compra de determinadas fincas situadas exclusivamente en el interior del parque. A partir de ahora, a las comunidades autónomas les corresponderá la gestión ordinaria de los parques, y al Estado la creación de nuevos parques.
EMERGENCIAS
Esta ley permite también la intervención estatal directa, coordinada con las comunidades autónomas, ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios, como por ejemplo en caso de incendios forestales de gran magnitud.
Incorpora también la posibilidad de ampliar Parques Nacionales ya declarados sobre áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, y se aumenta la superficie mínima requerida para declarar un nuevo parque en territorio peninsular de las 15.000 a las 20.000 hectáreas. Mantiene el sistema de ayudas a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto.
LA LUCHA DE LAS ONG
A lo largo de la tramitación parlamentaria las ONG ambientales han tratado de frenar el conjunto de la Ley y a través de su presión y reuniones con los senadores lograron que el PP rebajara la enmienda que, de permitir la caza 'sine die' queda limitada a seis años. Sin embargo, han exigido este miércoles al PP en el Congreso y al Gobierno que reconsidere su postura y retire la ley porque supondrá un "jaque mate" a las "joyas de la Corona de la conservación en España".
Al conocerse la enmienda 278, un total de once directores de Parques Nacionales remitieron una carta al director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, en la que le pedían que la misiva fuera trasladada a los senadores con el fin de que se retirara ese texto por considerarlo lesivo para estos espacios protegidos.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señaló entonces que la carta se refería a la primera versión de la enmienda, pero que después, una vez modificada la mayor parte de directores de estos enclaves expresaron su apoyo. Esta polémica provocó que el PSOE pidiera la dimisión de Rada.
Los Parques Nacionales cumplirán un siglo en 1916, cuando se aprobó la primera ley que constaba de tres artículos y que convirtió a España en uno de los países pioneros en Europa en la protección de la naturaleza. En 1918 se declararon los dos primeros parques nacionales españoles, el de la Montaña de Covadonga y el de Ordesa.
En su creación tuvo mucho que ver Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, nombrado por Alfonso XII Marqués de Villaviciosa de Asturias. Desde su cargo de senador vitalicio se interesó por los asuntos medioambientales y promovió la primera Ley de Parques Nacionales. Una vez aprobada, fundó el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y poco después el de Ordesa. Por su trabajo en la materia se convirtió en el primer Comisario General de Parques Nacionales.
