"Estamos ante una rebeldía del Gobierno municipal que nos va a salir cara", advierte IU sobre la ZBE

Suárez Llana avisa de que en Gijón se incumplen tres de los requisitos aludidos en el informe de la Abogacía del Estado

El portavoz de IU en Gijón, Javier Suárez Llana (segundo por la izda), junto a concejales de Santander, Bilbao y Pamplona, Kevin Martínez (IU), Xabi Jiménez (IU) y Ana Sánchez (Contigo-Zurekin), respectivamente.
El portavoz de IU en Gijón, Javier Suárez Llana (segundo por la izda), junto a concejales de Santander, Bilbao y Pamplona, Kevin Martínez (IU), Xabi Jiménez (IU) y Ana Sánchez (Contigo-Zurekin), respectivamente. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 19 mayo 2025 13:17

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en Gijón, Javier Suárez Llana, ha advertido este lunes del peligro de que el Ayuntamiento tenga que devolver los casi siete millones de euros de fondos europeos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada.

"Estamos ante una rebeldía del Gobierno municipal que nos va a salir cara", ha remarcado Suárez Llana, quien ha incidido en que Gijón sigue sin tener ordenanza de ZBE.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de concejales de Santander, Bilbao y Pamplona, Kevin Martínez (IU), Xabi Jiménez (IU) y Ana Sánchez (Contigo-Zurekin), respectivamente, con los que ha mantenido previamente un encuentro.

Suárez Llana ha remarcado que la primera de las consecuencias de incumplir con los requerimientos del Ministerio a la hora de poner en marcha las ZBE, ha sido el no poder optar a las ayudas al transporte terrestre, con lo que el billete de Emtusa va a costar el doble a partir del 1 de julio.

Al tiempo, se ha referido al informe de Abogacía del Estado que servirá al Ministerio para determinar en qué circunstancias va a exigir la devolución de los citados fondos europeos.

De acuerdo a ese informe, Suárez Llana ha afirmado que Gijón incumple tres requerimientos. Uno de ellos, es que no cuenta con instrumentos que la regule, es decir, no dispone de ordenanza. A esto ha sumado que no tiene operativas las regulaciones de acceso y el régimen sancionador y, en tercer lugar, no se ha dado traslado de todo ello al Ministerio.

En cuanto a su reunión, ha señalado que este es el tercer encuentro que realizan representantes de las cuatro ciudades, y en esta ocasión han abordado la problemática sobre la implantación de estas ZBE.

Ha lamentado, en este caso, que hay una "ola de negacionismo climático", lo que tiene consecuencias sobre la movilidad, pero también sobre la calidad ambiental y la salud de las personas.

En el caso de Bilbao, Jiménez ha matizado que no hay negacionismo climático, pero sí de las medidas para intentar paliarlo. Y si bien hay aprobada una ordenanza de ZBE, tiene un límite horario de lunes a viernes y se aplican moratorias y excepciones. Por este motivo, se ha quejado de que las restricciones son "muy, muy laxas" dadas las 21 excepciones, como es a coches de autoescuela o históricos.

Para él, se está haciendo "de forma injusta" para los barrios obreros, a lo que ha retirado que con las moratorias y más de 21 excepciones, no tiene el impacto que tiene que tener. Ha señalado, unido a ello, que el próximo junio se abrirá una revisión al cumplirse un año en vigor, a lo que ha abogado por hacer una apuesta "más valiente" basada en "equidad y justicia social".

Sánchez, por su parte, ha indicado que lo que se hizo en Pamplona fue sustituir una zona de acceso controlado por la Zona de Bajas Emisiones, si bien no se exige distintivo ambiental y cualquier ciudadano que pida acceso al Ayuntamiento puede pasar.

Tras la moción que les dio el Gobierno local, ahora trabajan en cambiar la ZBE para que sea "real y más ampliada" y que cumpla la legalidad. Según esta, el próximo 1 enero seguramente ya estará implementada esta nueva ZBE.

Martínez, con respecto a Santander, ha llamado la atención sobre la "trampa" que hacen en muchas ciudades para no profundizar en las ZBE, de forma que simplemente a zonas ya delimitadas se les cambió el nombre.

Al igual que Gijón, ha asegurado que el Ayuntamiento de Santander tiene riesgo de perder la subvención del transporte público a partir del próximo 1 de julio y, de la misma forma, los fondos europeos.

Martínez, asimismo, ha señalado que el 1 de enero de 2023 tendría que haber sido puesta en marcha la zona de exclusión, pero no se ha hecho y no se ha avanzado "prácticamente nada" en todo este tiempo.

Sí que recientemente, según él, se han licitado la instalación de los dispositivos, aunque su formación no está de acuerdo con la zona escogida. También se licitó con otra empresa la delimitación y control de la zona.

Ha recalcado, por otro lado, que tampoco se ha avanzado en la construcción de un parking disuasorio a las entradas de la ciudad. Incluso, ha acusado al Gobierno local del PP de ir hacia una "privatización encubierta" del transporte público con la empresa asturiana Alsa.

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