Publicado 07/09/2021 10:33CET

El exalcalde de Ribera, acusado de prevaricación, dice que actuó según las indicaciones del arquitecto municipal

El exalcalde de Ribera de Arriba, acusado de prevaricación, llega al juzgado acompañado de su abogado.
El exalcalde de Ribera de Arriba, acusado de prevaricación, llega al juzgado acompañado de su abogado. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Ribera de Arriba, José Ramón García, que se enfrenta a 9 años de inhabilitación al estar acusado de un delito de prevaricación en relación a unas obras de restauración de hórreos y paneras de Bueño, ha declarado este martes ante el juez que actuó siempre guiado por las indicaciones del arquitecto municipal y que si levantó los reparos de la Intervención fue para poder pagar las obras ya realizadas y no perder la subvención.

El exregidor ha respondido únicamente a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero y ha explicado que el Ayuntamiento del que fue alcalde desde 1987 a 2019 pertenecía al Consorcio de la Montaña Central y decidió presentar un Plan Turístico para llevar a cabo un centro de Interpretación del Hórreo que incluía la visita al conjunto de hórreos --particulares pero ubicados en la vía pública-- para lo que consideraban necesario la rehabilitación de los mismos.

Ha explicado que para ello se elaboró un proyecto general a presentar al Principado y Plan PRODER, de tal modo que obtendrían el 50% del coste de dicho proyecto a través de subvención. El proyecto fue sacado a concurso y no se presentó ninguna empresa.

"Al quedar desierto y viendo que los plazos se iban a agotar decidimos, el concejal de urbanismo y yo mimo, hablar con el arquitecto municipal y la oficina técnica para ver que solución nos ofrecían. Entonces el arquitecto nos propone que hiciésemos uno a uno el proyecto para restaurar cada uno de los hórreos vía contratos menores", ha asegurado el procesado.

Así ha preguntas de su abogado ha insistido en que estaba convencido de que el procedimiento era correcto porque así se lo indicó el técnico municipal.

"El arquitecto municipal me dijo que se podía hacer de ese modo, así que cuando llegan los reparos de Intervención yo los levanté para poder pagar las obras porque de no hacerlo me podían denunciar. Había premura de tiempo porque además perdíamos la subvención y era imposible hacer frente a las obras por parte únicamente del consistorio", ha explicado el alcalde, que ha asegurado que "lógicamente la responsabilidad era suya".

También ha manifestado que no fue él quien se encargó de elegir a la empresa que llevó a cabo las obras y que no tenia relación alguna con la misma, sino que fue el arquitecto municipal quien la buscó. También ha indicado que se dio cuenta de todo al Pleno municipal y nadie puso repaso alguno a lo que se estaba haciendo.

También a preguntas de su abogado ha explicado que este proceso judicial se deriva de una denuncia que presentó un antiguo vecino de su concejo que en su momento fue llevado a juicio por el Ayuntamiento por invadir la vía pública y construir un "tendejón ilegal". "Por entonces a la salida del juzgado ya me advirtió de que me iba a enterar de lo que le estaba haciendo", ha indicado el acusado.

En la sesión de este martes ha prestado declaración únicamente el acusado. El jueves será el turno de los testigos llamados a declarar, entre ellos el propio arquitecto municipal.

LOS HECHOS

El Ministerio Fiscal sostiene que en marzo de 2004, fue redactado por una arquitecta técnica el proyecto "Restauraciones en hórreos y paneras de Bueño-Ferreros" y, en agosto de 2006, otro arquitecto redactó el "Anexo modificación de proyecto Restauraciones en hórreos y paneras de Bueño-Ferreros".

El proyecto comprendía 12 de los hórreos y paneras de los 46 existentes en la localidad de Bueño, por ser los que presentaban necesidades de reparación más inmediata, con un presupuesto total de 119.750,28 euros, figurando las fichas correspondientes a cada uno de ellos y el plano de su localización.

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba recibió una subvención para este fin por importe de 65.047,36 euros, procedente del Grupo de Desarrollo Rural del Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias (PRODER), sufragándose la parte restante con cargo a los fondos municipales.

No obstante el consistorio no concedió ninguna ayuda o subvención para la reparación de los citados hórreos y paneras, sino que decidió la contratación de los trabajos. Así, el acusado, por decreto resolvió declarar la urgencia en la tramitación del expediente de contratación de la obra "Restauración de hórreos y paneras Bueño-Ferreros", aprobar el proyecto "Restauraciones en hórreos y paneras de Bueño-Ferreros" antes citado e iniciar el expediente para la contratación mediante concurso por procedimiento abierto y tramitación urgente de las obras.

A través de otro decreto el acusado resolvió aprobar el Pliego de Clausúlas Administrativas Particulares que tenía que regir la contratación y el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento abierto de licitación mediante concurso con tramitación urgente, así como aprobar el gasto plurianual que financiaba su ejecución.

Aprovechando que el concurso quedó desierto, el acusado llevó a cabo la contratación directamente a través de sucesivos contratos menores para eliminar las garantías exigidas por el contrato en su conjunto, atendiendo a su mera voluntad en la elección de la persona a contratar, con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia.

En todos los contratos, el acusado decidió por su exclusiva voluntad que el adjudicatario de la obra fuera la misma persona, y ello pese a los numerosos reparos emitidos por la Intervención, en los que se informaba al acusado de que se estaba fraccionando el contrato, que no se satisfacía ninguna necesidad administrativa y que se estaban empleando recursos municipales en bienes particulares.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación y solicita que se condene al acusado a inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años.

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