La exjefa de Asuntos Generales defiende la "ágil" tramitación de los expedientes sobre el accidente de Cerredo de 2022

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exjefa de Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Transición Ecológica, Consuelo Rodríguez, ha defendido este jueves la actuación del servicio en los dos expedientes asignados en 2024 y relacionados con el accidente de 2022 en la mina de Cerredo, asegurando que la tramitación fue "ágil", con duraciones de 14 y 19 días desde su inicio hasta su resolución o suspensión.

Rodríguez ha comparecido en la comisión de investigación sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos para aclarar su papel en la tramitación de dos expedientes sancionadores en materia de minería, que su departamento asumió en febrero de 2024. En el servicio hasta el 23 de septiembre de este año, Rodríguez ha subrayado que nunca dependió orgánicamente de la Dirección General de Minería, sino que estuvo siempre adscrita a la Secretaría General Técnica.

Durante su intervención en la Junta General, ha explicado que, a partir de febrero de 2024, Asuntos Generales se hizo cargo por primera vez de expedientes sancionadores en materia de industria y minería. "Lo asumimos con personal con una amplísima experiencia en expedientes sancionadores, especialmente en medio ambiente", ha señalado, en referencia a la jefa de sección y la jefa de negociado, quienes habían tramitado ya numerosos procedimientos similares en otros ámbitos.

En cuanto a su intervención directa, ha explicado que se limitó a funciones de supervisión y apoyo puntual, incluyendo reuniones técnicas con otros servicios, sin interferencia jerárquica ni indicaciones externas. "La gestión la llevaron prácticamente en exclusiva la jefa de sección y la jefa de negociado", ha afirmado.

"De lo que me encargué un poco fue de la supervisión, alguna reunión con jefes de servicio, tanto del Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo cuando se hizo el traspaso de expedientes, como alguna reunión con el jefe de servicio de Minas y personal de Minas para solventar alguna cuestión técnica que necesitábamos aclarar respecto de los informes", ha detallado.

Rodríguez ha defendido la actuación del servicio en los dos expedientes asignados, uno por extracción irregular de carbón en el piso sexto de la mina de Cerredo, y otro por incumplimiento de las condiciones de seguridad; asegurando que la tramitación fue "ágil", con duraciones de 14 y 19 días desde su inicio hasta su resolución o suspensión. Uno de los expedientes fue suspendido por prejudicialidad penal, y el otro culminó con una sanción económica de 20.000 euros, posteriormente reducida en un 40% por pronto pago y reconocimiento.

La exjefa de Asuntos Generales ha explicado además que, a lo largo de 2024, se generaron seis nuevos expedientes sancionadores más en materia de industria y minas, elevando a 16 el total tramitado por su servicio en este ámbito, frente a los 127 tramitados en materia de medio ambiente. "De esos 16, 10 fueron los que nos trasladaron en febrero y luego a lo largo del año se generaron otros 6", ha afirmado.

"SIN RELACIÓN"

La actual jefa de la Sección de Asuntos Generales y Apoyo Jurídico de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Emma Pérez, que también ha comparecido esta semana en la comisión de investigación, fue la instructora de los dos expedientes sancionadores tramitados con motivo del accidente ocurrido el 25 de agosto de 2022 en la mina de Cerredo. Negó haber tenido ninguna relación personal con los empresarios, más allá de comunicaciones administrativas por los escritos que fueron presentando.

Pérez precisó, en respuesta a las preguntas planteadas por los diferentes diputados que integran la comisión, que los expedientes se iniciaron a petición del Servicio de Minas al entonces Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo. "El primero era básicamente por grandes deficiencias en el vehículo puesto a disposición de los trabajadores y otra serie de incumplimientos formales, como la falta de comunicación de las subcontrataciones, no acreditar la formación por parte de los trabajadores, las competencias y otra serie de efectos formales. Ese era uno", explicó.

Sobre el otro expediente propuesto, Pérez afirmó que "era por extracciones no autorizadas de carbón en el interior de la mina, presuntamente". "Se indica claramente en los informes que no fue la causa del accidente, pero sí que, como consecuencia del accidente, se entendió que se podían haber producido extracciones irregulares del piso sexto. Que el camión que se había accidentado en el piso tercero, presuntamente procedía del piso sexto", afirmó.

Pérez aseguró, a preguntas del diputado del PP Rafael Alonso, desconocer a qué fue debida la demora en la tramitación de los expedientes sancionadores, en concreto, apuntó al relacionado con cuestiones de seguridad minera y "cuyo informe de propuesta que hace Minas es de julio de 2023 y en el cual no hubo ninguna actuación hasta abril de 2024". "La verdad que lo desconozco porque no estaba ni en la Consejería, no tengo ni idea del número de personal escrito ni el volumen de expedientes", aseveró.

A Pérez no le sorprendió que el escrito de admisión de responsabilidad por extracción ilegal de carbón remitido a su servicio viniera firmado por las empresas Blue Solving y Combayl, porque, en sus palabras, "nos indicaban que en noviembre de 2023 habían procedido a la transmisión de los derechos mineros a la nueva empresa. Lo vi normal, que estuviera encabezado por las dos empresas, dando a entender que la nueva empresa era conocedora del expediente sancionador que se había tramitado el anterior".