Industria defiende que la paralización de TyC Narcea se debe a cuestiones legales y no implica el cierre de la mina

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, ha asegurado este jueves que la paralización de la actividad en TyC Narcea responde a un proceso de revisión administrativa y no supone el cierre de la mina. En declaraciones remitidas a raíz la protesta de los trabajadores en Oviedo, Campo ha afirmado que el Gobierno está evaluando con "el máximo rigor" la documentación relativa al proyecto de investigación complementaria autorizado a la empresa.

"Estamos analizando la documentación que nos ha llegado esta misma semana. Aquí no se discute la seguridad ni otros temas, como se ha manifestado en varias ocasiones. Lo que se está revisando es si el permiso para el proyecto de investigación complementaria se está ejecutando conforme a las condiciones con las que fue concedido", ha explicado.

Según el viceconsejero, el procedimiento sigue su curso administrativo y todavía se están recibiendo nuevos documentos. "Hay información que nos ha llegado ayer mismo. Es un tema complejo, que se está evaluando con el máximo rigor y trataremos de hacerlo con la mayor premura posible, pero hay mucha información que va creciendo todos los días".

Campo ha recalcado que las instalaciones "no están cerradas como tal" y que la paralización afecta únicamente a "la parte vinculada al proyecto de investigación complementaria". En este contexto, ha confirmado la existencia de un expediente de regulación de empleo presentado por la empresa que "afecta a una parte de los trabajadores", aunque ha indicado que inicialmente "hubo defectos" en la documentación del ERTE que llevaron a rechazar su primera versión.

"El expediente está siguiendo su curso. Nosotros estamos preocupados por los trabajadores, por sus condiciones y porque prevalezca la legalidad", ha señalado. "Lo que vamos a comprobar es si esa legalidad se cumple. La empresa está aportando información y nosotros la estamos evaluando".

Campo ha insistido en que la decisión final dependerá de si la actuación de la empresa se ajusta o no a lo establecido en el permiso. "Es decir, la mina se abrirá o no se abrirá en función de la legalidad de los hechos", ha aseverado.