IU-LV elabora un escrito con datos, argumentos y planos para acreditar que el contrato con Comamsa es público

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

IU-Los Verdes remitirá en los próximos días a la Comisión Europea una copia del proyecto del aparcamiento subterráneo que la empresa Comamsa construirá en el centro de Oviedo, en el que se incluyen "datos, argumentos y planos" que acreditan que se trata de un contrato "público", con beneficio económico para el Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Roberto Sánchez Ramos, actual candidato a la Alcaldía por 'Oviedo por la Izquierda', ha precisado que lo harán ante una resolución de la Comisión Europea en la que dicho organismo señala que sus servicios "no pueden deducir que exista un interés económico directo, con lo que no pueden resolver el fondo del asunto".

Sánchez-Ramos ha lamentado que "los señores juristas duden de lo que todo el mundo tiene claro" y ha cargado contra la actitud del alcalde, Gabino de Lorenzo, a quien acusó de "ir a contracorriente de los ciudadanos" al sacar a licitación obras por importe de casi 140.000 euros vinculadas al viario público afectado por la obra, que "no se van a hacer". "Quiere dar la sensación de legitimidad y normalidad cuando sabe que los tribunales de lo contencioso emitirán un fallo que, esperemos, nos da la razón", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Los Verdes, Enrique Fernández, ha recordado que el escrito que remitirán a la Comisión se centra en los aspectos que demuestran que el acuerdo trasciende de un pago en especie, con lo que el expediente expropiatorio inicial queda "desvirtuado".

Como ejemplo, ha citado la entrega al Ayuntamiento de los viales subterráneos, valorados en unos cuatro millones de euros; el aprovechamiento urbanístico en el solar de Los Prados y la prohibición de construir nuevos aparcamientos en el entorno del que se construirá en el Campo San Francisco.

El letrado que defiende la causa, Gerardo de la Iglesia, ha insistido en que se trata indudablemente de un contrato público sujeto a la normativa comunitaria y a la ley de contratación del sector público, con lo que se debía haber gestionado por el procedimiento de la libre concurrencia. "vamos a ganar el pleito y tumbar el contrato", ha confiado.

El informe remitido por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios señala que los servicios europeos "no pueden afirmar ni excluir la existencia de un interés económico directo" y delega la decisión en los tribunales nacionales que "se encuentran en una posición privilegiada, con toda la información de contexto a su disposición".

A continuación, el texto apunta que otras dos formaciones políticas y un operador económico han presentado recursos "ante las correspondientes instancias nacionales competentes", con lo que "los recursos previstos tanto por la normativa española como por la de la Unión están siendo utilizados y permitiendo el ejercicio de los derechos derivados de la legislación nacional y de la Unión en materia de contratación pública".

"A la vista de todo lo anterior y en base a la información disponible, los servicios de la Comisión tienen la intención de proponer el cierre del presente caso, a menos que reciban información que pueda alterar la evaluación expuesta en esta carta en el plazo de cuatro semanas", concluye.