IU propone la creación de una oficina parlamentaria de prevención del fraude y la corrupción

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Jesús Iglesias, ha presentado este martes una proposición de ley para la creación de una oficina parlamentaria de prevención del fraude y la corrupción.

La mencionada oficina estaría adscrita a la Junta General y actuaría "con independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones". Su finalidad es la de "prevenir e investigar posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos, o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público".

Peor además la oficina que promueve IU asesoraría y haría recomendaciones para adoptar medidas contra la corrupción, las prácticas fraudulentas y las conductas que atenten contra la integridad y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, cooperando con las autoridades competentes y colaborando en la formación en el ámbito del personal al servicio del sector público, así como impulsar todas las medidas que sean pertinentes para lograr la transparencia en la gestión del sector público.

El ámbito de actuación sería la Administración del Principado de Asturias y sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado "independientemente e que se rijan por derecho público o privado". También podría actuar en Ayuntamientos del Principado y las sociedades que dependan de los mismos, así como en las universidades públicas.

Pero además, Iglesias ha dicho que la oficina podría investigar a entidades y empresas privadas que sean perceptoras de subvenciones públicas.

El portavoz de IU ha dicho que esta no sería la única oficina de estas características que se crea en el Estado y se ha referido a la Oficina Antifraude de Cataluña creada por una ley de 2008.