La Junta aprueba por unanimidad la Ley para regular la concertación de servicios sociales con el tercer sector

Publicado 15/03/2019 10:44:10CET

El parlamento saca adelante, también, la modificación de la Ley de Servicios Sociales para incluir la historia social única electrónica

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes por unanimidad del pleno, la Ley sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social. Esta norma tiene como objetivo dar regular y dar seguridad a la relación entre la administración y las organizaciones y entidades del tercer sector.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, fuera la encargada de defender el dictamen de la nueva norma, que se regirá por principios como la financiación, acceso y control público; la eficiencia presupuestaria, utilización racional de los recursos públicos y control de los costes de los servicios; y la garantía de no discriminación, estableciendo condiciones de acceso a la acción concertada que garanticen la igualdad entre las entidades que opten a ella y entre los posibles beneficiarios de los precios.

Asimismo, la ley tendrá como principios rectores la publicidad en los procedimientos de tramitación, en la selección de las entidades y en la formalización, modificación y renovación de los acuerdos de acción concertada; la transparencia en la utilización de fondos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de transparencia, buen gobierno y grupos de interés; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos sociales fijados; la responsabiliadd en la gestión de los servicios concertados; y la subordinación de la acción concertada a la utilización óptima de recursos propios.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez argumentó el respaldo de su formación a la iniciativa con el propósito de garantizar "la eficacia, calidad y mayor facilidad" en la prestación de los servicios sociales.

Para la diputada de Foro Patricia García Villanueva, han sido años de lucha de las entidades del tercer sector contra la burocracia de las convocatorias, incluso adelantando pagos de proyectos comprometidos o nóminas de sus trabajadores, por lo que espera que la ley pueda dar "la estabilidad que necesitan".

Según la parlamentaria de IU Marta Pulgar, la norma permitirá "fortalecer" el tercer sector y "dar garantía de servicio a los usuarios". De hecho, la diputada de IU ha aprovechado para "poner en valor la fortaleza del sistema de atención" que hay en Asturias, por lo que se ha felicitado por una ley que pondrá "puertas a la mercantilización de los servicios sociales".

Rosa Espiño (Podemos) ha centrado su intervención en remarcar que "la vida de las personas no es concursable". Así, ha afirmado que su formación ha hecho "todo" lo que estaba a su alcance para que la tramitación fuera posible con el objetivo de mejorar "el proceso de concertación".

El diputado del PP Matías Rodríguez Feito ha reprochado, no obstante, que la actualización de la normativa sea "más bien escasa", a la vez que ha criticado la "irresponsable gestión socialista, poniendo en riesgo muchas entidades y muchos programas". Con todo, ha argumentado el respaldo de su partido a la ley señalando que "aunque sea con un mal parche" puede permitir salvar "la situación de dificultad que atraviesan algunas entidades".

Por contra, la diputada socialista Nuria Devesa ha mostrado la satisfacción de su grupo por el consenso alcanzado con las entidades y el conjunto de formaciones para sacar adelante la norma. La parlamentaria del PSOE, que mencionó las dificultades jurídicas para la trasposición de las directivas europeas culpando al Gobierno del PP de los retrasos, ha remarcado que la ley asturiana "busca favorecer seguridad jurídica de las entidades del tercer sector que prestan servicios, pero también del Principado y de los usuarios, garantizando una atención integral".

HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA

Además, en la sesión de esta mañana el parlamento ha sacado adelante, también, la modificación de la Ley de Servicios Sociales para incluir la historia social única electrónica. La iniciativa, cuya presentación fue respaldada por todos los grupos parlamentarios y prosperó por unanimidad, se tramitó en lectura única.

La Historia Social Única Electrónica (HSUE) es una plataforma electrónica cuyo propósito es gestionar y tratar el conjunto de información y documentos en formato electrónico que componen el expediente de la persona usuaria del sistema público de servicios sociales, en los que se contienen los datos, valoraciones, las prestaciones e informaciones de cualquier tipo, sobre la situación y la evolución de la atención social de la persona usuaria y su unidad de convivencia familiar, así como la identificación de todas las personas que intervengan por su cometido profesional a lo largo de su proceso de intervención social.