La Junta General rechaza la ley del PP para garantizar la viabilidad de los botiquines de farmacia en el medio rural

   OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La diputada del PP de Asturias, Cristina Vega, ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta General una proposición de ley orientada a garantizar la viabilidad de los botiquines farmacéuticos en los núcleos rurales, que ha calificado como "pequeños puntos de asistencia sanitaria" fundamentales para pueblos aislados, con población envejecida y sin acceso a transporte público. La iniciativa ha contado con el rechazo de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, y la abstención de Vox.

   En concreto, la iniciativa presentada para modificar la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica del Principado de Asturias tiene como objetivo flexibilizar los requisitos de funcionamiento de los botiquines, permitiendo su supervisión telemática en lugar de exigir siempre la presencia física de un farmacéutico.

   Durante su intervención, Vega ha denunciado que estos servicios están "en peligro de desaparición" y ha asegurado que la propuesta busca permitir la atención farmacéutica telemática en tiempo real, con la supervisión del profesional desde la farmacia principal y la presencia de un auxiliar en el botiquín.

   Vega ha cargado contra el informe del Consejo de Gobierno, que considera un "copia y pega" del de hace cuatro años --por aquel entonces el PP ya defendió una iniciativa pidiendo que se atendiesen las peculiaridades de los botiquines-- ignorando, según ha dicho, que la nueva propuesta "regula de forma expresa la excepcionalidad" de la medida. "Eso no es rigor, eso es pereza política, vagancia y dejadez", ha criticado, calificando los argumentos del Ejecutivo autonómico de "chatarra política".

   En este sentido, ha rebatido la supuesta inconstitucionalidad del texto, señalando que las sentencias esgrimidas por el Gobierno "no abordan la regulación de los botiquines", y ha recordado que un auto del Tribunal Constitucional de 2008 establece que la presencia del farmacéutico no tiene por qué ser física. "Cuatro años después siguen sin habérselo leído", ha apuntado.

   Como ejemplos de viabilidad legal, ha citado los casos de Aragón y Extremadura, donde modelos similares funcionan "desde hace más de una década" sin conflicto jurídico alguno. "Ambas normas siguen vigentes, no fueron objeto de recurso ni modificación", ha recalcado.

   Vega también ha respondido a quienes sostienen que la norma "rebaja la calidad asistencial", afirmando que lo que verdaderamente la reduce es "no tener el servicio". Ha defendido que los botiquines están equipados con control remoto, conexión segura y programas de supervisión desde la farmacia matriz, garantizando el control del farmacéutico en tiempo real.

   Asimismo, ha alertado de la "falta real de farmacéuticos" en determinadas zonas, indicando que en la bolsa de empleo del Principado "solo aparece un farmacéutico disponible, y solo para sustituciones a partir del 20 de noviembre". "Sigan negándolo si quieren", ha añadido, acusando al Gobierno asturiano de "manipular los hechos".

   La parlamentaria ha subrayado que la ley no supone "ningún coste para la administración", y sí evita sanciones que pueden alcanzar los 30.000 euros para profesionales que tratan de cumplir una normativa que "no contempla su realidad".

   "Esta propuesta no cambia el modelo farmacéutico", ha insistido, sino que "lo hace viable" en zonas donde está "a punto de desaparecer". Vega ha calificado la medida como "de sentido común", "responsable" y "legal", y ha afirmado que no apoyar la iniciativa sería un "error jurídico", un "error sanitario" y un "error político".

   Vega ha defendido que la ley "beneficia a los vecinos del medio rural" y "garantiza igualdad sanitaria". Ha asegurado que negar la aplicación de la tecnología en este ámbito es "no entender el tiempo en el que vivimos". "Negar la tecnología no protege al medio rural, lo condena", ha sentenciado.

"CAMBIO DE MODELO"

   El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha advertido de que la propuesta supone un "agravio comparativo" al establecer modelos distintos de atención farmacéutica en función del tipo de establecimiento y ha cuestionado la validez de los ejemplos citados por el PP.

   "Ni Aragón ni Extremadura contemplan los preceptos que ustedes proponen", ha afirmado. Además, ha expresado "enormes dudas" sobre la constitucionalidad del texto y su posible impacto en la calidad del empleo, al sustituir a farmacéuticos por auxiliares bajo supervisión remota. "Es una proposición liberalizadora que abre la puerta a la degradación de un servicio público esencial", ha concluido.

   En representación del Grupo Parlamentario Socialista, Jacinto Braña también ha rechazado de forma tajante la propuesta, acusando al PP de intentar "cambiar el modelo" farmacéutico vigente por otro centrado en "la viabilidad económica" de los botiquines.

   El diputado ha advertido que lo que plantea el PP supone una "oportunidad de negocio" más que una garantía sanitaria, al desligar la calidad del servicio de la presencia del profesional. Braña ha advertido además del riesgo de que el texto pueda ser declarado inconstitucional.

   "No es una mejora del sistema, es una privatización encubierta", ha señalado, subrayando que la excepcionalidad que propone el PP queda "al albur del farmacéutico" y sin control temporal ni administrativo.

   Desde Vox, su diputada Sara Álvarez ha reconocido la importancia de los botiquines como "pieza indispensable" en la atención sanitaria en el medio rural asturiano, especialmente en un contexto de "declive demográfico" y abandono institucional. Si bien ha valorado el "sentido práctico" de la propuesta del PP, ha expresado sus reservas jurídicas, recordando que la legislación nacional --la Ley 16/1997-- establece de "forma clara" la presencia física del farmacéutico como requisito para la dispensación de medicamentos.

   Álvarez ha advertido que la modificación planteada podría generar un conflicto de competencias al reinterpretar este concepto sin una reforma previa a nivel estatal. "Una ley de ámbito estatal es de rango superior a la autonómica y los contenidos de estas últimas nunca deben entrar en conflicto con las primeras", ha afirmado. Vox ha defendido que cualquier cambio en el modelo debe hacerse a través de una reforma de la legislación nacional, no de una autonómica.

   Pese a reconocer que los servicios públicos, incluida la atención farmacéutica, deben adaptarse a los avances tecnológicos, ha insistido en que esa evolución debe estar alineada con el marco jurídico nacional para evitar "17 normativas diferentes y 17 posibles fuentes de desigualdad dependiendo de la zona de España en la que se resida".