Landa (Foro) afea a Esther Díaz un gesto de "cinismo incorregible" al "mentir" sobre la inversión en Dependencia

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Esther Landa, ha afeado a la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, un gesto de "cinismo incorregible" al "mentir" sobre la inversión en Dependencia por parte del Principado. "Cada vez más asturianos pierden sus ayudas", ha lamentado.

Así ha salido al paso de las declaraciones de la consejera en las que afirmó, según la diputada, que "Asturias quintuplicaba la inversión del Estado en Dependencia". En nota de prensa, Landa ha afirmado que "es absolutamente reprobable la gestión de este gobierno, ya que vemos mes a mes cómo los datos empeoran, las personas fallecen esperando por una prestación, las condiciones para el reconocimiento se endurecen y para más Inri somos una de las comunidades que menos aportamos a la aplicación de la ley por habitante, muy por debajo de la media estatal, por más que se empeñe en mentir la consejera".

"Los datos del Observatorio de Dependencia son muy claros", ha estimado Landa. "La media nacional del gasto público anual promedio por habitante son 109,25 euros. En Asturias 91,98 euros. En cuanto al gasto público anual promedio por dependiente la media nacional: 6.879 euros y la de Asturias: 6.368 euros", ha explicado. Así las cosas, la diputada se ha preguntado "¿De dónde saca la consejera que quintuplica la inversión del Estado?".

Si Asturias "vuelve a suspender" en la aplicación de la Ley de dependencia, ha afirmado Landa, "es por la nefasta gestión del Gobierno de Javier Fernández". "Hay que tener muy poca vergüenza para seguir defendiendo una gestión que nos coloca a la cola de las comunidades que peor gestionan la ley", ha aseverado la parlamentaria, que ha recordado que "hace un año eran 19.498 los asturianos los que recibían algún tipo de prestación y ahora son 17.993, es decir, más de 1.500 asturianos perdieron su ayuda en el 2013".

Finalmente, la diputada ha incidido en el "importante problema de financiación que existe". A su juicio, la aportación económica del Gobierno a la aplicación de la ley "no sólo es insuficiente, sino que encima llega mal y tarde a las entidades locales, que al final son las que prestan, por proximidad, los servicios a los ciudadanos, lo que les supone unos enormes perjuicios, en muchos casos irreparables, si los ayuntamientos son pequeños".