Archivo - Argayo del Huerna. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha reiterado este lunes la postura del Gobierno asturiano en favor de la eliminación del peaje del Huerna (AP-66), siguiendo criterios jurídicos y mediante la vía administrativa y judicial si fuera necesario, cuando se cumple un año del argayo que cortó la AP-66.
"El consejero de Movilidad está liderando la posición de la Alianza por las Infraestructuras, trabajando por una parte en ese recurso administrativo, en esa solicitud de revisión de nulidad, que posteriormente, en caso de ser rechazada, habilitaría a una vía judicial, contencioso-administrativa", ha destacado.
A preguntas de los periodistas, Peláez ha reconocido la dificultad de los trabajos y el impacto en la infraestructura, y espera que las obras se realicen con la máxima celeridad para recuperar la normalidad en la autopista.
El 10 de noviembre del pasado año, a las 10.05 horas, se produjo un deslizamiento parcial de un talud en el punto kilométrico 75 de la AP-66 que afectó a los dos sentidos de circulación.
El 27 de ese mismo mes, a las 20.00 horas, se restableció el tráfico, en ambas direcciones, mediante un desvío dotado de barrera de seguridad, habilitado a partir de la fecha del deslizamiento. Para su ejecución fue imprescindible la construcción de un nuevo trazado en la zona, siendo necesario realizar grandes movimientos de tierras e incluso voladuras, trabajos que se desarrollaron ininterrumpidamente hasta cumplir el objetivo.
El Consejo de Administración de Aucalsa adjudicó el 19 de mayo, tras recibir las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Transportes, las obras de restauración del talud con un importe de 7.513.309 euros, que serán ejecutadas por Luperlan Tunneling en un plazo estimado de 15 meses.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros a los usuarios si el servicio se encuentra afectado por obras en la infraestructura.
Así lo ha establecido a raíz de una sentencia en la que da la razón a los afectados por las obras de la AP-9 y que obliga a la concesionaria, Autopistas del Atlántico (Audasa), a devolver el coste de los peajes cobrados en aquellas situaciones en la que las obras que estaba llevando a cabo afectaron a la fluidez del tráfico.
La sentencia del Supremo avala la postura mantenida por el juzgado de primera instancia y que fue, sin embargo, revocada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Ministerio Fiscal interpuso entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al que se adhirieron los afectados, agrupados en la asociación En-Colectivo y representados por el despacho BGI LAW.
La sentencia condena a Audasa "a cesar en la práctica abusiva consistente en cobrar los peajes de manera íntegra a los usuarios de la autopista en los casos en que en la misma se produzcan incidencias (...), siempre que a dichos usuarios no se les haya facilitado información sobre el estado de la vía con la antelación suficiente como para que pudiesen optar, en condiciones de seguridad, por no incorporarse a la autopista o por abandonarla antes de llegar al tramo afectado".
Además, condena también a Audasa "a restituir el importe cobrado en concepto de peaje, junto con el interés legal devengado desde la fecha de cada pago, a los usuarios que hayan circulado por el tramo afectado".
Como recuerdan desde el despacho de BGI LAW, todos los clientes afectados por alguna de estas incidencias que conserven el comprobante podrán instar que se les reconozca como beneficiarios de la condena, aunque no hayan formado parte de las acusaciones.
El despacho insiste en que esta sentencia crea jurisprudencia y que, por tanto, "a partir de ahora, cualquier infraestructura que realice obras mientras sigue ofreciendo el servicio, tendrá que tener presente que no podrá cobrar el peaje en el caso de que el servicio se vea afectado por dichas obras".