La Plataforma Salvemos Peñamayor dice que las deficiencias señaladas por el informe de Inspección se siguen produciendo

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Salvemos Peñamayor asegura que, tras conocer las numerosas informaciones publicadas en prensa sobre el informe del Servicio de Inspección General del Principado de Asturias, pueden asgurar que las deficiencias señaladas, tales como inacción administrativa, opacidad, falta de diligencia y laxitud en la aplicación de la normativa minera, "continúan produciéndose" bajo la dirección del actual Director General y del actual consejero de Industria, Borja Sánchez.

A juicio del colectivo la "gestión del permiso de investigación minera 'Astur A', que afecta a cuatro concejos, Bimenes, Llaviana, Nava y Piloña, da buena cuenta de ello".

En ese sentido la Plataforma exige una vez más que la Autoridad Minera ponga fin a este permiso de investigación a través de la apertura de un expediente de caducidad, como marca la normativa en base a los incumplimientos de Asturmet y a la imposibilidad de desarrollar los trabajos aprobados.

"La regeneración total y absoluta que promete Barbón en el servicio de minas pasa sí o sí por dar cumplimiento a esta exigencia tanto de Salvemos Peñamayor, como de los Ayuntamientos de Bimenes y Llaviana como de la Junta General del Principado de Asturias. La Administración no puede seguir sosteniendo situaciones irregulares a través de la inacción", indican desde la Plataforma.

PRINCIPALES DEFICIENCIAS DETECTADAS

Aprovecha el colectivo para recordar las principales deficiencias detectadas en el proyecto Astur A. Indican que la Administración no está impulsando de oficio el expediente de caducidad del permiso de investigación minera, pese a ser su obligación, ante el incumplimiento por parte de la empresa de los plazos aprobados por la Dirección General de Minas para la realización de los trabajos. Estos incumplimientos obligan a la Consejería, según la normativa vigente en materia de minería, a abrir un expediente de caducidad. Sin embargo, estamos viendo cómo este trámite se dilata de manera injustificada.

Además denuncian retrasos injustificados en la resolución de las solicitudes de caducidad presentadas hace meses por asociaciones, Ayuntamientos afectados y vecinas, y que siguen sin respuesta.

También habla la Plataforma de falta de control efectivo sobre el cumplimiento de las condiciones del permiso, permitiendo que se mantenga una situación irregular, así como retrasos y trabas sin justificación ni motivación, en contra de lo exigido por la legislación, en el acceso a la información contenida en los expedientes administrativos por parte de asociaciones, particulares y Ayuntamientos afectados.

Ocultación por parte de la administración de los trabajos a realizar, los ya realizados si los hubiere y las previsiones de ocupación de suelo, son otras de las deficiencias detectadas.

Por todo ello, insisten en reclamar la declaración inmediata de la caducidad del permiso de investigación "Astur A", conforme a la normativa vigente; la resolución expresa, motivada y sin más dilaciones de las solicitudes de inicio de expediente de caducidad; la asunción de responsabilidades por la inactividad administrativa y el cumplimiento de la normativa minera vigente, que no permite la especulación con el territorio y exige la realización de trabajos efectivos, con el mismo rigor que se aplica cuando se hace en beneficio de la empresa.

"La Dirección General de Minas tiene la responsabilidad de actuar de manera inmediata. Sus máximos responsables políticos, incluyendo al Consejero y al Presidente del Principado, deben ejercer plenamente sus funciones y garantizar que la ley se cumpla, sin excusas ni retrasos", concluyen.