El Pleno insta al Ministerio a no condicionar las ayudas al transporte a las sanciones en la ZBE

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, interviene en el Pleno Municipal gijonés.
El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS
Publicado: miércoles, 9 abril 2025 12:29

"No viene a competir, es para completar", defiende Pumariega de la Universidad Europea

GIJÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Foro ha conseguido sacar adelante este miércoles en el Pleno, pese al rechazo de la oposición, su proposición para instar al Ministerio de Transportes a no vincular las ayudas al transporte terrestre con la aplicación de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada.

En concreto, la iniciativa pide al Ministerio que modifique las dos resoluciones del 6 de marzo de 2025, por la que se convocan la concesión de las citadas ayudas directas al transporte terrestre de viajeros y la concesión de ayudas directas para el fomento de los servicios públicos de préstamo de bicicletas, de manera que la nueva redacción considere efectiva la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones cuando exista normativa municipal vigente y de aplicación donde se establezca la delimitación legal y regulatoria de las mismas.

Se añade a esto que se pueda incluir disposiciones transitorias que retrasen las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos y su régimen sancionador.

También contempla el instar al Ministerio a que respete la autonomía local de los municipios y, en concreto, en el marco del desarrollo de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética no ponga condicionantes, más allá de los estrictamente legales, al desarrollo de las ZBE.

Se solicita, en este caso, respetar en sus diferentes concesiones de ayudas, así como en otras resoluciones al respecto, los criterios legales, regulatorios y los periodos de información y aviso que cada entidad local haya determinado para poner en marcha las citadas zonas.

También se propone recordar al Ministerio la vinculación existente entre la Zona de Bajas Emisiones de Gijón, cuyo perímetro se encuentra situado en el barrio de la Calzada, con el desarrollo y ejecución por parte del mismo Ministerio de una alternativa al tráfico pesado que circula por la avenida de Príncipe de Asturias. Este punto sí que ha contado con el apoyo de Vox, pero no así los otros dos.

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, no ha visto sentido en sancionar el paso de vehículos sin etiqueta DGT por la ZBE cuando cerca de allí, por la avenida de Príncipe de Asturias, pasan miles de camiones hacia el puerto gijonés de El Musel.

Ha recriminado al Gobierno estatal, asimismo, de valerse del "chantaje" el mismo Ministerio que no logró solución al tráfico pesado tras el fallido vial soterrado de Jove.

Al tiempo, ha incidido en que más de 100 municipios que no tienen ZBE. Sobre ello, ha apuntado que en Gijón se debe por la vinculación en su día al vial de Jove o su alternativa, mientras que ha recalcado que en Oviedo no hay ni cámaras instaladas. "Aquí el que ha cambiado el paso es el Ministerio", ha sostenido.

En respuesta a Vox, le ha recordado que el Gobierno está obligado a poner la ZBE, mientras que ha indicado a IU que no se puede quitar todo el tráfico. Sobre el estudio epidemiólógico recién presentado, ha apuntado que se constata que los niveles de contaminación están bajando, y será mucho más cuando se quite el tráfico pesado de la avenida de Príncipe de Asturias, según el edil.

Por parte del PP, el concejal Jorge Pañeda ha considerado un "sinsentido" el empezar a sancionar a los vecinos mientras continúa el paso de camiones por la avenida de Príncipe de Asturias. A su juicio, el Ministerio comete un "grave error" al no tener en cuenta las particularidades de los municipios.

Por el PSOE, el concejal Tino Vaquero ha acusado al Gobierno local de querer incurrir en "fraude de ley", a lo que ha apuntado que ya habían advertido de que Gijón se podía quedar sin ayudas al transporte terrestre.

En su caso, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha afeado al Gobierno local que "banalicen" el efecto del tráfico en la salud de las personas. Ha recalcado, también, que en el caso de la ZBE no afecta a los residentes de la misma.

Por su lado, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, se ha mostrado en contra de esta zona que implanta medidas "falsamente ecológicas" mientras se 'niega' la solución al vial de Jove. Una ZBE que perjudica, a su modo de ver, a los ciudadanos con peores condiciones económicas, por lo que ha apostado por su derogación.

La portavoz de Podemos , Olaya Suárez, ha lamentado la "sucesión de despropósitos" que pasa con la ZBE de La Calzada. Unido a ello, ha remarcado que hubo más de 1.700 ingresos hospitalarios en cinco años por contaminación, a lo que ha advertido de que "hay gente a la que le está costando la vida". No ha considerado excusa para no aplicarla, asimismo, el que no haya alternativa aún para el vial de Jove.

UNIVERSIDAD EUROPEA

Por su parte, PSOE e IU han presentado sendas iniciativas sobre la implantación en la ciudad de la Universidad Europea. En el primer caso, los socialistas proponían que se exigiera acreditar criterios de calidad marcados por la Conferencia General de Política Universitaria, mientras que IU ha ido más allá y rechaza su instalación.

Ambos partidos, asimismo, han abogado por reforzar la universidad pública. Admitida la votación por puntos, el Pleno solo ha aprobado la parte propositiva en la que se expresaba el apoyo a la Universidad de Oviedo.

Sobre esta última, IU ha destacado que, al margen de su excelencia académica, favorece la inclusión social, al no tener en cuenta la situación socioeconómica de los alumnos. Frente a ello, ha situado a la universidad privada, que ha tildado de "chiringuito que viene a hacer negocio con la enseñanza superior".

"No viene a complementar, viene a competir con lo público y a parasitar", ha añadido el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. Este ha apuntado que la Universidad Europea tiene firmado un convenio con Quirón, que construirá un hospital en Gijón. "Vienen a hacer negocio a costa de dos derechos", ha advertido con referencia a la educación y la sanidad.

La concejala socialista Carmen Eva Pérez Ordieres, por su lado, ha recalcado que se han ido endureciendo los criterios ante la "merma" de calidad y ha incidido en que estos los fijan tanto rectores de universidades públicas como privadas.

Por parte de la vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP), esta ha dejado claro la defensa de la universidad pública y ha acusado a PSOE e IU de querer "obstaculizar" los grandes proyectos de la ciudad.

"No viene a competir, es para completar", ha replicado Pumariega, quien ha destacado que dará formación a 3.500 alumnos y supondrá una inversión superior a los 30 millones de euros.

En la misma línea, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha tildado ambas propuestas de "ejercicio de demagogia evidente". Ha remarcado, unido a ello, el importante convenio nominativo del Ayuntamiento con la Universidad de Oviedo y el que colaboren para que sea posible la residencia universitaria. Por otro lado, ha resaltado la oferta académica complementaria y con una calidad "fuera de toda duda" de la Universidad Europea.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, por su parte, ha defendido la libertad de elección y ha llamado la atención sobre que la universidad pública asturiana "reduce el número de plazas hasta términos ridículos".

Esto, según ella, hace que los jóvenes con expedientes excelentes se tengan que ir de Asturias. Al tiempo, ha recordado que las universidades privadas también tienen becas.

En la misma línea que IU, Podemos ha advertido de que un ranking de BBVA sitúa a las sedes de la Universidad Europea de Canarias y Valencia como las dos peores de España. A su juicio, lo que hace la universidad privada es eliminar toda exigencia para 'vender' títulos académicos a quien pueda pagarlos, por lo que ha mostrado su rechazo a su implantación en la ciudad.

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