OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Podemos considera que el gerente de la UTE-Dique Torres, Juan Miguel Pérez, imputado por los sobrecostes de El Musel, debe aclarar en su declaración si obedecía órdenes de otros empresarios integrados en esta unión temporal, entre ellos los de Dragados, SATO, o FCC.
En una nota de presa, la organización ha constatado este viernes que "el cerco se va cerrando en el caso de El Musel: cada día van cayendo coartadas y se ve más claro que nos encontramos ante uno de los mayores fraudes de la historia de Asturies". "La OLAF considera que el 25% del fraude realizado con fondos comunitarios tuvo lugar en Asturias, en la obra del puerto gijonés", ha señalado la organización en una nota de prensa.
Podemos señala que "lleva meses denunciando que en los grandes escándalos de corrupción de los últimos años en España había corruptos y corruptores y que no se podían entender los unos sin los otros. Por eso se responsabilizó en la denuncia de OCAN, que firmaron el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, y el portavoz parlamentario, Emilio León, tanto contra los dirigentes políticos (director, presidente y consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón) como contra los empresariales (UTE Dique Torres)".
Para la formación, "la pregunta a la que Juan Miguel Pérez debe contestar es si respondía a órdenes en sus actuaciones de algunos de los empresarios que se englobaban en la UTE Dique Torres. Parece difícil de entender que un gerente de una Unión Temporal de Empresas actuara por libre y sin rendir cuentas a las empresas a las que representaba: la de Florentino Pérez, Dragados-ACS; la de Villar Mir, SATO-OHL; la de Esther Koplowitz, FCC, a FPS y a Alvargonzález Contratas".
Así, el comunicado recuerda que "desde el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN) se había pedido que la Audiencia Nacional identificara a los responsables empresariales implicados en los sobrecostes de El Musel y la declaración en calidad de imputados de los representantes legales de la UTE Dique Torres, integrada por las siguientes empresas constructoras: Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A raíz de esa denuncia, el juez Bermúdez llamó como testigos a los responsables de Dique Torres y en la declaración estos directivos identificaron a Juan Miguel Pérez Rodríguez como el responsable máximo en los sobrecostes del puerto gijonés".
Se explica también que la OLAF "consideró que los 200 millones en sobrecostes constituían un presunto fraude (88.000 transportes sujetos a doble contabilidad) y denunció una presunta connivencia entre políticos y empresarios para aumentar el precio de la obra. Para Podemos Asturies, la imputación del exgerente de la UTE Dique Torres refleja que existe una pata empresarial que apunta a esa presunta connivencia entre políticos y empresarios para alterar el precio de las obras e incrementar el precio en 200 millones de sobrecostes".
Podemos Asturies cree que "cada euro tirado al mar en bloques de hormigón es dinero que tenía que haberse transformado en puestos de trabajo". "Hay relación entre la crisis económica y el despilfarro y presunta corrupción en obras inútiles, realizadas por constructoras y grandes empresarios amigos del poder. La ciudadanía debe seguir adelante con la investigación y la denuncia si queremos evitar que despilfarros como éste vuelvan a ocurrir", señala.
