La denominada 'operación Fauno' se saldó con quince detenidos a los que se les imputan diversos delitos
OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional desarticuló en Asturias una red de empresas 'buzón' constituidas a instancias de los cuatro miembros de una familia que llegaron a defraudar cerca de 2 millones de euros a la Seguridad Social tras ofrecer supuestos contratos de trabajos a inmigrantes para regularizar su situación en España.
En total han sido 15 las personas detenidas a las que se les imputan los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos de Insolvencias Punibles, delitos de Falsedad Documental, delitos de Asociación Ilícita, delitos contra los Derechos de los Trabajadores, y delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros en España.
El delegado del Gobierno, Antonio Trevín y el Jefe Superior de Policía de Asturias, Baldomero Araujo, fueron lo encargado de presentar en rueda de prensa la denominada 'Operación Fauno', cuya investigación se inició en mayo de 2006 tras la denuncia de un ciudadano senegalés que aseguraba que había abonado una cantidad de dinero a cambio de una oferta de trabajo para acogerse al proceso de normalización abierto en 2005.
Según explicó Araujo, los responsables de la organización, cuyo principal dirigente se encuentra en prisión cumpliendo condena por estafa y que supuestamente aprovechaba sus permisos penitenciarios para dirigirla, constituían empresas 'buzón', principalmente del sector de la construcción que carecían sin actividad real y que únicamente se limitaban a presentar las ofertas de trabajo a los inmigrantes.
Los estafadores llegaron a constituir un total de doce empresas ubicadas en las ciudades de Oviedo, Madrid, Toledo y Zaragoza. En cuanto a los detenidos, nueve de ellos fueron detenidos en Oviedo, cinco en Madrid y una en Castellón. Asimismo fue imputado no detenido otra persona, en Oviedo, por Delito Contra la Hacienda Pública y Delito de Asociación Ilícita.
Cada inmigrante captado por la red tenía que abonar entre 800 y 2.500 euros por realizar estos trámites y les exigían una parte al recibir la oferta y otra al conseguir su regularización.
La Policía calcula que por este procedimiento pudieron tramitarse un total de 441 ofertas, si bien sólo 151 fueron efectivas. Los beneficios obtenidos alcanzaban la cantidad de 352.800 euros.
Al frente de las empresas, constituidas legalmente por los hijos del cabecilla de la red, relacionados con el mundo del derecho, se situaba como administradores o testaferros a indigentes y personas con escasos recursos económicos captadas en comedores sociales o incluso cuando dormían en el interior de cajeros automáticos.
Baldomero Araujo manifestó que ahora la Policía estudiará "caso por caso" la situación de los inmigrantes y la Seguridad Social anulará de oficio los periodos de cotización logrados mediante los contratos suscritos con las empresas 'buzón', por lo que las víctimas de la estafa perderán por tanto los derechos que hubieran contraído en ese tiempo.
Antonio Trevín felicitó a la Policía Nacional por la operación desarrollada, la cual ha sido "de gran complejidad" ya que todo el proceso de tramitación de documentación laboral estaba revestido de los formalismos que marca la vigente Ley de Extranjería, pero en realidad, era un procedimiento viciado desde el principio.
