GIJÓN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los concejales del PP Pablo Fernández y Luis Crego pidieron hoy la paralización de la tramitación del Plan Parcial de Cabueñes hasta que no haya una sentencia en el caso del ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco, quien obtuvo 600.000 euros en plusvalías por la compraventa de unos terrenos incluidos en ese plan.
El PP alerta de que una condena declararía "nulo de pleno derecho" el citado plan, por lo que la continuidad de su tramitación puede derivar responsabilidades patrimoniales de las que el Ayuntamiento sería responsable subsidiario.
Fernández, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, recordó los cambios de tesis, a su juicio, del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, referentes al caso 'Blanco' y su insistencia en que el Plan Parcial de Cabueñes iba a salir adelante "con total normalidad".
Ante esta afirmación, Fernández sostuvo que "nunca fue normal", ni desde su diseño a su tramitación y aseguró que "se aleja de la normalidad urbanística", una vez que la Fiscalía aprecia posibles delitos de cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias por parte de Blanco.
Por su lado, Crego afirmó que, una vez conocido el decreto de la Fiscalía, existe "una conexión absoluta e irrevocable entre la situación penal de Ovidio Blanco, y el resto de personas que puedan aparecer, con la situación inequívoca del Plan Parcial de Cabueñes. El edil destacó el que la Fiscalía aprecie el que se haya podido influir en quien hizo la adaptación del PGOU para incluir unas fincas "de uso de prao y vacas" de cara a que sean urbanizables y alcancen un valor importante.
Asimismo, justificó la posible nulidad del Plan a través de la Ley 30/92 del Derecho Administrativo Español, en la que se hace referencia a aquellos trámites administrativos como consecuencia de una infracción penal o derivados de ella. Por este motivo, aseguró que sólo con que Blanco sea condenado por uno de los delitos que aprecia la Fiscalía, el Plan será nulo y "volverá a cero", por lo que habrá propietarios que puedan pedir que se les reviertan los terrenos.
Además, señaló que el juez podría pedir la suspensión cautelar del plan y alertó al Ayuntamiento sobre que "cuanto más adelante, peor será". A su juicio, la actuación del Equipo de Gobierno es "absolutamente irracional" y de "mala fe". "Lo lógico, deseable y obligado es que paralicen toda la actuación", apostilló sobre el Ayuntamiento.
También advirtió de que si se aprueba el plan y luego es declarado nulo, la ley prevé una responsabilidad patrimonial, por lo que es mejor paralizarlo ahora para no generar unos derechos mayores. "El Ayuntamiento puede ser condenado subsidiariamente", avisó.
Asimismo, Crego indicó que se desconoce si pudo pasar lo mismo en otras zonas de Gijón y consideró que hasta al menos un año no habrá una primera sentencia, que podrá ser recurrible a la Audiencia y luego al Supremo.
Además, recordó que el funcionario que actué, después de que haya una sentencia, a sabiendas de que va en contra de la Ley, incurre en prevaricación. Así lo dijo con alusión a la aprobación del plan, actualmente en fase de alegaciones, y "al tira para adelante" que según él utiliza el Equipo de Gobierno, como en el caso de la Plantona, según él. Crego también animó "a ser precavido" a las empresas que proyectan planes urbanísticos en Cabueñes dentro de este plan.