El PP dice que el año que ha pasado sobre el accidente de Cerredo ha demostrado la "falta de control" del Principado

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA RPESS) -

El diputado del PP Rafael Alonso ha reclamado este martes responsabilidades políticas por el accidente ocurrido en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores hace este martes un año.

"Está claro que la Administración eso no lo hizo y, por tanto, a mi juicio, incurre en una situación de negligencia", ha afirmado Alonso, ha señalado en relación a las labores de control que debería haber realizado el Principado.

El parlamentario popular ha asegurado que "había un descontrol en relación con la actividad minera en Asturias, especialmente en esta zona de Cerredo" y que "la Administración es quien debería de haber controlado esa actividad y las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba".

Alonso ha insistido en que "esa falta de control", teniendo además el precedente de 2022 en el que falleció otra persona en la misma pone de relieve la existencia de responsabilidades políticas en cuanto a todo este siniestro".

"Me parece que había deficiencias de seguridad que son tan evidentes que es bastante difícil de creer que no fueran observadas", ha apuntado a preguntas de los periodistas en los pasillos de la Junta General del Principado de Asturias.

"Espero que el dictamen que está elaborando la presidenta de la comisión de investigación incluya esas responsabilidades políticas", ha reclamado el parlamentario. "No nos va a satisfacer con que las cosas queden solo en una dimisión", ha advertido Alonso, recordando así la dimisión de Belarmina Díaz, que era consejera de Industria cuando el accidente y que antes había ocupado el puesto de directora general de Minas.

Alonso también ha reclamado que se conozca de una vez "el contenido del informe de la Inspección General de Servicios" sobre el accidente. "Ya debería de conocerse, parece que está tardando", ha apuntado.

Este martes 31 de marzo se cumple un año del accidente en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña. Aquel lunes por la mañana una explosión causó la muerte de cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos mientras extraían carbón. Trabajaban para la empresa Blue Solving, que no tenía permiso para explotar ese mineral. El accidente conmocionó a las comarcas mineras asturianas y leonesas.

El suceso ha derivado en causas judiciales por presunto homicidio imprudente contra los propietarios, en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado y en la dimisión de la entonces consejera de Industria, abriendo un debate de fondo sobre la seguridad laboral y la actividad real en las explotaciones mineras en fase de cierre o reconversión.