OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los diputados del PP en la Junta General Alejandra Cuétara y Carlos Galcerán instaron hoy a la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Elena Arias, a que presente su dimisión por haber "incumplido" la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas al continuar siendo apoderada solidaria de cinco sociedades del sector sanitario tras ser nombrada gerente del Sespa.
De hecho, Cuétara dijo que rueda de prensa, que si no quiere dimitir el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces "tendrá que cesarla y pedir disculpas al PP" al haber "acusado" a la oposición de tener interés en la privatización de la sanidad.
También señaló la diputada que presentará la documentación ante la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas al considerar "muy grave" que Arias, que gestiona los casi 1.500 millones de euros del Servicio de Salud asturiano, siga "a día de ayer" apareciendo en el Registro Mercantil como apoderada solidaria de cinco sociedades privadas cuya actividad se centra en "la privatización sanitaria".
Según Cuétara la gerente del Sespa "mintió" al decir que eran apoderamientos vinculados a su puesto de trabajo como directora de Recursos Humanos del Grupo Capio, ya que de ser así afirmó que en el registro debería aparecer la persona responsable de ese área en la actualidad.
En cuanto al argumento de la gerente del Sespa de que los apoderamiento eran "generales y mancomunados", la diputada del PP dijo que "no es verdad", sino que son de nivel C con "carácter personal y solidario" y poder de representación de dichas sociedades --Capio Sanidad, Capio Valdemoro, Centro FIV Recoletas, Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, y Hospital Sur-- ante la justicia, notario y todas las Administraciones Públicas. Además, Cuétara advirtió de que permiten autorizar contratos de hasta 500.000 euros con su firma, y de más de un millón con otros apoderados, que dijo no superan la media docena en ninguna de las sociedades.
Asimismo, rechazó que Elena Arias desconociera seguir apareciendo en el Registro Mercantil y apuntó que ha pasado tiempo suficiente desde octubre de 2007 para desvincular su nombre, a lo que añadió que de ser verdad su desconocimiento eso implicaría que no incluyó los apoderamientos en su declaración de intereses. Así, Cuétara solicitó conocer la declaración y afirmó que de no incorporarlos supone un "incumplimiento" que debe conllevar dimisión o cese.