El resto de los Bancos de Sangre de España son de titularidad pública
OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular presentó hoy una proposición no de ley en la que instan al Consejo de Gobierno a rechazar la proposición del PSOE de dar titularidad privada al Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.
Así lo aseguró hoy en rueda de prensa el diputado regional del PP, Carlos Galcerán, que acusó al Gobierno de desdecirse de "todo lo que hasta ahora se había comprometido". Asimismo, señaló que IU "mira para otro lado" y no afronta la propuesta de darle al Centro un marco legal público, algo que ya figuraba en su programa electoral.
"Es un gravísimo error privatizar la donación y distribución. Este tipo de centros deben depender de entidades públicas, institutos públicos, fundaciones públicas o estar adscritos a los servicios de salud", argumentó el diputado popular.
Más aún, tildó de "indignante" la postura del Gobierno al "obviar el derecho a la protección de la salud y rechazar su competencia en la organización y tutela de las necesidades y distribución de sangre y tejidos".
Según recordó Galcerán, IU y PSOE firmaron en el programa de gobierno de la pasada legislatura dar titularidad pública al Centro, pero "nada se hizo", apuntó.
En diciembre de 2004, se firmó el protocolo entre el Principado de Asturias y Cruz Roja de España con el objetivo de vincular sus Centro Sanitarios a la red Hospitalaria Pública de la región. En él, figuraba el compromiso del Gobierno de crear una entidad pública que asumiese sus funciones antes de finales de 2006.
Pero según explicó el portavoz del PP en materia sanitaria, el pasado día 6 de mayo, el Gobierno presentó un acuerdo en el Consejo que "nada tiene que ver con lo que habían dicho y prometido hasta ahora". Así, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios apoyó un marco legal privado para el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado Asturias, que se convierte en el único de estas características en España.
Este Centro, contaría con una dotación fundacional de 600.000 euros, de los que el Gobierno aportaría el 30 por ciento, y Cruz Roja se haría cargo del resto. De esta manera, la entidad no podría incorporarse al sector público porque no cuenta con la participación mayoritaria del Principado en su dotación fundacional.
Además, el Patronato de la Fundación estaría formado por cinco miembros, tres de ellos nombrados por Cruz Roja Española, lo que les supondría un 60 por ciento de los derechos de voto en el órgano de Gobierno.
