El PP reclama la supresión del Procurador general por la "duplicidad de funciones" con el Defensor del Pueblo

Isabel Pérez-Espinosa
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 29 septiembre 2011 12:52

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Junta General, Isabel Pérez-Espinosa, ha reclamado este jueves la supresión de la Procuradoría del Principado ante "la duplicidad de funciones" con el Defensor del Pueblo y el "alto presupuesto de mantenimiento del un servicio que ya existe". Así, recuerda que este cargo "le cuesta a los asturianos 2.293.245 euros este año".

Según ha informado la formación a través de una nota de prensa, este presupuesto se desglosa en 1.212.745 euros, 681.000 euros en gastos en bienes corrientes y servicios, 36.000 euros en transferencias corrientes, 328.000 inversiones reales y 35.000 en activos financieros.

La portavoz del PP insiste en que las funciones del Procurador general las debe asumir "quien antes las ostentaba, el Defensor del Pueblo, que representa al pueblo y tramita las quejas de los mismos ante la Administración", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que la austeridad, el control del gasto y el equilibrio presupuestario son "los principios básicos que deben regir la actuación de cualquier administración pública, imprescindibles para conseguir que ésta sea una administración eficaz, racional y viable".

Por ello, ve "necesario" comenzar a evitar duplicidades y reducir gastos porque "descentralizar no significa multiplicar por 17 toda la estructura del Estado", ha matizado. Además, a su juicio, "evitar duplicidades no recorta ningún derecho ciudadano porque existe el organismo competente que defiende esos derechos".

En este sentido, ha apuntado que "la eficiencia no es duplicidad", por lo que considera "imprescindible" acabar con los solapamientos y gasto entre Administración central y autonómica, con el objetivo de "perfeccionar el diseño y funcionamiento de nuestro modelo territorial".

Pérez-Espinosa también aboga por "definir y delimitar de una vez por todas las competencias estatales, autonómicas y municipales y con ello posibiliten la sostenibilidad de los servicios". Por esta razón, "hemos acordado establecer como mandato constitucional la disciplina presupuestaria y, por tanto, todas las decisiones de gasto todas las administraciones públicas se adoptarán de acuerdo con el volumen de ingresos del que disponen".

"Las crisis dan las oportunidades para cambiar lo que no funciona, y ésta nos va a, para poder así mejorar la eficacia en la gestión y la reducción del gasto y optimización de recursos", ha zanjado.