El Principado aprueba el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, con el objetivo de consolidar un sistema de protección integral y garantista para los niños, al tiempo que blinda la condición de los menores como personas titulares de derechos.

El texto elaborado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar pone el foco en actuaciones de sensibilización, detección precoz, asistencia y amparo frente a cualquier forma de violencia. También robustece la prevención y la creación de entornos seguros, según ha explicado Marta del Arco en la rueda de prensa posterior al Consjo de Gobierno.

El documento, que ahora se remitirá a la Junta General para su tramitación parlamentaria, obliga a incorporar en todos los proyectos normativos un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. Además, recoge la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a la infancia y la adolescencia en el que se definan las políticas públicas para hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes y mejorar así su calidad de vida.

Entre los derechos de la infancia y la adolescencia, la norma recoge los de expresión, libertad de información, derecho a ser escuchado, libertad ideológica, derecho de asociación y reunión y de participación ciudadana, igualdad o educación.

El proyecto asegura la continuidad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, como órgano de coordinación y asesoramiento, así como del consejo autonómico de participación.

Igualmente, el texto legislativo robustece la colaboración entre los servicios sociales y los sistemas sanitario y educativo, así como con los ayuntamientos, para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores. Con el mismo propósito, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

La iniciativa mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención, pero desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo, entre otros. En concreto, recoge de modo pormenorizado los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

ACOJIMIENTO

Respecto al acogimiento familiar, el texto ordena las compensaciones económicas y plantea una novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para ofrecer la mejor atención a los menores. En cuanto al acogimiento residencial, regula los programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.

El proyecto incorpora un capítulo específico sobre menores migrantes no acompañados, en el que se garantiza el acceso a diferentes servicios, independientemente de su situación administrativa.