El Principado confía en que el Estado no prohíba cobrar la ayuda a parados y el Salario Social de forma simultánea

La procuradora general del Principado destaca las recomendaciones hechas para agilizar la Ley de Dependencia a raíz de quejas ciudadanas

Europa Press Asturias
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2009 19:38

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, afirmó hoy a Europa Press que el Principado está en perfectas condiciones de asumir el pago del complemento, a partir del Salario Social, a todas esas personas que se quedan sin prestaciones y que tengan derecho a la ayuda que el Estado acaba de aprobar, aunque dijo confiar en que el Gobierno central no prohíba cobrar estas dos pagas simultáneamente.

"Esperemos que no lo haga, porque sería cebarse con la gente en peores circunstancias", apostilló. González destacó que la política social, sobre todo en un momento de agudización de la crisis, "no sólo se debe mantener sino que incluso se tiene que incrementar". En este sentido, señaló que Asturias está en mejores condiciones de afrontar la crisis gracias al Salario Social.

Asimismo, abogó por poder incrementar en el futuro el Salario Social, ya que, en su opinión, hablar de una partida de entre 22 y 28 millones de euros al año para atender a quien peor lo está pasando no debería plantear "mayores problemas". Actualmente hay algo más de 7.000 titulares del Salario Social, aunque afecta en torno a 15.000 personas beneficiarias teniendo en cuenta el conjunto de la unidad familiar.

González apuntó que se nota un incremento importante de solicitudes en lo que va de año y añadió que al asumir su cargo tuvo que solucionar "el atasco" que había en diciembre de 1.077 expedientes sin valorar y que llevaban casi un año de retraso. El viceconsejero destacó como "positivo" el que el tiempo de respuesta ahora sea de tres meses.

Para González, esta partida no es "muy grande", por lo que opinó que no debería preocupar a nadie en lo que a los Presupuestos se refiere. No obstante, resaltó que una parte importante de quien recibe el salario social se incorpora al mercado laboral, por lo que deja de percibir esta ayuda al tener una retribución mayor.

En 2008, entre 500 y 600 personas dejaron de cobrar el Salario Social al encontrar un trabajo y apuntó que este año el flujo es mayor, porque hay gente que encuentra trabajo y luego lo pierde de nuevo.

Este dato, según el responsable regional, "echa por tierra aquellas afirmaciones de que el Salario Social iba a ser 'un almacén de personas' que no quería incorporarse". A esto unió que una cuarta parte de quien recibe esta paga son mayores de 65 años, por lo que no van a poder trabajar pero cobran pensiones "tan bajas" que les da derecho a percibirlo. En este sentido, apostó por que lo que hay que hacer es subir esas pensiones.

González participó hoy en el IX Seminario de las Personas Mayores organizado en el Antiguo Instituto por la Federación de Pensionistas Jubilados de CCOO Asturias, que concluye mañana.

UNA LEY DE DEPENDENCIA "MÁS ÁGIL"

Junto a él participó la procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, quien apuntó a Europa Press que la institución a la que representa tiene una función "vigilante" en cuanto al cumplimiento de la protección social, especialmente en momentos de crisis. Asimismo, resaltó el que en Asturias exista el Salario Social.

Felgueroso destacó que, en lo que a la Ley de Dependencia se refiere, el Principado ha admitido "todas" las recomendaciones hechas por la Procuradoría General, lo que ha facilitado "una mayor agilidad" en su tramitación.

A este respecto, recordó que se trata de una ley "muy compleja", por lo que su institución constituyó una mesa de seguimiento de esta normativa, donde están los colectivos afectados, como el de las personas con discapacidad o de pensionistas y jubilados.

En cuanto a las quejas ciudadanas, explicó que inicialmente se basaban en los plazos y las cuantías de las ayudas, aunque también respecto a las dificultades de comprensión o de la información o de acceso a la misma. La procuradora general indicó que hubo "algún despiste" por parte de algunos ciudadanos que no entendían que había unos plazos, y que se empezaba por pagar a la gente más afectada.

Contenido patrocinado