OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Juan Vega, ha asegurado este martes que las depuradoras situadas en Asturias son "claramente propiedad patrimonial del Estado" y que, aunque la región "ha colaborado en su explotación y mantenimiento" durante años, debería de haber exigido "que el propio Estado se encargase de lo que es suyo".
De esta manera, Vega ha respondido a través de un comunicado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que recordó el lunes al Principado que "la decisión unilateral de aparcar los compromisos adquiridos y seguir con los planteamientos y descalificaciones emanadas por el portavoz de la Viceconsejería de Infraestructuras resulta temerario e irresponsable, y puede conducir a la definitiva frustración de inversiones" en materia de saneamiento en Asturias, "con las nefastas consecuencias para el medio ambiente y los desarrollos urbanos e industriales de Oviedo y una parte significativa de la cuenca del Nora".
La entidad subrayaba que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha ejecutado, está ejecutando o ha licitado inversiones que rondan los 130 millones de euros a las que se comprometió cuando el MARM, la Confederación Hidrográfica -entonces del Norte- y el Gobierno del Principado de Asturias firmaron el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 (PNCA).
Así, el Principado ha insistido en que el Estado tiene pendientes veinte obras de saneamiento en Asturias por un importe superior a 140 millones de euros, entre las que se encuentran las depuradoras de San Claudio y Villapérez.
PLANTEAMIENTOS "CAPRICHOSOS"
Vega ha dicho que, con estas declaraciones, el presidente de CHC, Jorge Marquínez, pretende "amenazar a los asturianos y a su gobierno si alguien osa discutir sus caprichosos planteamientos en materia de depuración de aguas residuales".
A su juicio, los criterios de Marquínez, "son más propios de los tiempos de la burbuja inmobiliaria, cuando en España daba igual ocho que ochenta". Y ha añadido que la realidad es otra: "estamos pagando las consecuencias de alegrías como las que propugna el señor Marquínez, y el Gobierno de Asturias tiene un mandato de todos los ciudadanos para evitar alegrías impropias de los tiempos que vivimos".
Vega ha dicho que Marquínez "miente" cuando dice que el Ministerio ha ejecutado inversiones por valor de 130 millones a las que no está obligado, ya que responden a acuerdos del Consejo de Ministros y antiguas declaraciones de interés general del Estado de los años 91 y 92, "cuando no anteriores".
Además, ha continuado, la Confederación no ha hecho frente a las nuevas inversiones comprometidas a ejecutar en más de diez municipios, "que están sin proyecto y que no tienen visos de ejecutarse".
Asimismo, ha dicho que Marquínez también "falta a la verdad" cuando dice que las inversiones de Acuanorte en Oviedo son a fondo perdido. "Lo cuenta como si fuera un regalo personal de él, y no dinero de todos los españoles, que corresponde a los asturianos como a los demás, y no a quien el decida", ha agregado, ya que se trata de inversiones a devolver, "vía tarifas", durante los próximos cincuenta años.
"La irresponsabilidad del señor Marquínez, al dirigirse así al pagador final de las inversiones de referencia, es total, pues mientras el Gobierno de Asturias ha sido elegido por los ciudadanos para velar por sus intereses, él está ahí nombrado de aquella manera, y además, habla como si su puesto fuese eterno y no hubiese elecciones generales dentro de unos días, lo que debiera inducirle a la meditación y a la prudencia, pues en unas semanas volverá con toda probabilidad a la Universidad", ha criticado Vega.
El viceconsejero ha concluido que "Asturias, junto con Galicia, Castilla y León, Cantabria, Baleares y el Ayuntamiento de Madrid, son las únicas administraciones autonómicas obligadas por decisiones políticas a soportar las consecuencias económicas del Plan Nacional de Calidad de las Aguas".