OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso, considera "insuficiente" la actual labor institucional en Asturias tendente a la reducción del estigma social. Así lo refleja en una de sus conclusiones de un informe monográfico sobre 'La salud mental y los derechos de las personas afectadas en Asturias' al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, entre las recomendaciones, la Procuradora propone la elaboración de programas de comunicación social y concienciación social, como medios de reducción del estigma, que actualmente sigue siendo una "realidad" de las personas con problemas de salud mental y sus familias, algo que se traduce en comportamientos "de desconfianza, rechazo y en definitiva de exclusión".
A ello, según la Procuradora, contribuye en ocasiones el tratamiento que desde los medios de comunicación se realiza sobre el problema de salud y las personas que lo padecen, estableciéndose una relación unívoca y errónea entre estas personas y violencia. Así, señala que el papel que desempeñan los medios de comunicación es crucial, apuntando que deben huir de la "espectacularidad" y "simplicidad" de sus mensajes.
Pero además como "claro ejemplo de estigma", la Procuradora señala que en algún centro hospitalario se ha observado un "distinto tratamiento" en la confortabilidad, en lo que al mobiliario se refiere, de las personas con problemas de salud mental ingresadas, en comparación con las restantes condiciones existentes para el resto de los usuarios del mismo, "lo que supone un claro ejemplo de diferenciación negativa".
Por tanto, por lo que respecta a las condiciones de confortabilidad de las unidades de psiquiatría, considera necesario que se garantice un "trato igualitario" de todos los pacientes de los hospitales de la red pública sanitaria, debiendo llevarse a cabo una adecuación paulatina del citado mobiliario.
Otras recomendaciones de la Procuradora General pasan por la elaboración de un Plan Estratégico Integral de Salud Mental, ya que la evolución de los Servicios de Salud Mental en Asturias exige una revisión de la situación actual, en orden a determinar las "carencias actualmente existentes" en el modelo de atención que se considera adecuado.
"Parece aconsejable por tanto, dado el tiempo transcurrido desde el anterior Plan Estratégico en nuestra Comunidad y la existencia de la citada Estrategia Estatal, la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Integral en el que se delimiten los Programas y Acciones de ejecución, las entidades responsables con los dispositivos y o recursos afectos a tal fin, los indicadores de seguimiento y evaluación, así como los recursos financieros asignados a los mismos", señala el informe.
La Procuradora también recomienda la elaboración de un catálogo de servicios y prestaciones para la atención integral de las personas con problemas de salud mental; la elaboración de materiales divulgativos que, de forma unitaria, faciliten el conocimiento de los derechos que asisten a las personas con problemas de salud mental; la orientación de los servicios públicos de salud mental al ciudadano que precisa el apoyo de aquéllos; y reforzar los programas de Formación e Investigación (Gestión del Conocimiento) de los profesionales que intervienen en esta cuestión, especialmente en la detección precoz y atención temprana de la enfermedad, para evitar males mayores.
También ve necesario el reforzamiento de la red de recursos intermedios y ambulatorios; el incremento de los programas y servicios destinados específicamente a la salud mental de la infancia y adolescentes; el incremento de los programas y recursos, especialmente los relativos al alojamiento, destinados específicamente a la personas mayores de 65 años; el refuerzo desde la "coordinación desarrollada" entre la Administración Autonómica y General del Estado, los programas de atención integral a la población reclusa del Centro Penitenciario de Villabona que padece un problema de salud mental; una mayor difusión y formación permanente del Protocolo de actuación para los supuestos de internamiento involuntario; el fomento de las acciones tendentes hacia la integración social de las personas con problemas de salud mental mediante la asignación de recursos económicos suficientes, especialmente a través del trabajo; y la definición de los marcos estables de participación por parte de las Administraciones Públicas con las asociaciones de familiares y usuarios de los servicios de Salud Mental.