La prohibición de circular a coches sin derecho a etiqueta DGT en 2026 se pospondrá si quedan muchos sin ella

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Publicado: martes, 14 junio 2022 15:20

El Ayuntamiento negociará con el Principado la cesión gratuita de los antiguos juzgados de Decano Prendes Pando

GIJÓN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal de Gijón ha aprobado una iniciativa del PP, con la enmienda de PSOE e IU, por la que un año antes de la entrada en vigor de la prohibición en 2026 de no poder circular en el municipio aquellos vehículos sin derecho a etiqueta DGT, se analizará la realidad del parque móvil, de modo que si a 1 de enero de 2025 no se ha reducido sensiblemente el número de estos vehículos, se pospondrá su aplicación.

La proposición 'popular' ha contado con los votos a favor de la mayoría de grupos municipales, excepto Foro que votó en contra y Vox que se abstuvo.

Desde el PP, la edil Ángeles Fernández-Ahúja ha dicho al Gobierno local que no comparten políticas "de acoso y derribo", si bien se ha congratulado de lo que para ella es una rectificación por parte del Ejecutivo local, ante el rechazo vecinal a la norma. La concejala ha recalcado que el Gobierno municipal sabe que hay que dar margen a los ciudadanos para poder comprar un coche nuevo.

En el caso del Ejecutivo local, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, ha incidido en que la prohibición de circular sin etiqueta DGT figura en la Ordenanza de Movilidad, que fue aprobada por dos tercios de los votos y un "amplio consenso social", a su parecer.

Ha criticado, al tiempo, que haya quien niega el cambio climático, al tiempo que ha animado, por contra, a combatir este. "Por algo se llama emergencia climática", ha remarcado el concejal, que ha apuntado que no es un problema económico no solo medioambiental. "Lo de los dos euros la gasolina vino para quedarse", ha advertido.

En cuanto a la iniciativa, ha incidido en que estudios de Barcelona y Madrid han demostrado que hay menos coches sin derecho a etiqueta circulando que los que figuran en el parque móvil, al argumentar que algunos están en desuso y sus dueños no los dan de baja en el registro de la DGT. De hecho, ha estimado que posiblemente no lleguen al 20 por ciento en Gijón.

En todo caso, se hará un estudio del parque móvil y circulante. Relacionado con la etiqueta de la DGT y la prohibición de estacionar en zona ORA, ha explicado que se ha reducido en un 10,5 por ciento los ticket en zona azul tras la aplicación real de esta medida.

Frente a ello, algunos grupos como Foro han dudado de que esta propuesta vaya a tener alguna efectividad, al señalar que en 2023 habrá un nuevo Gobierno y que incluso confían en que los tribunales tumben la Ordenanza de Movilidad de Gijón.

ANTIGUOS JUZGADOS

Por otro lado, se ha aprobado una iniciativa del PP para instar al Gobierno del Principado de Asturias a renunciar a la subasta del inmueble ocupado por los antiguos juzgados de Prendes Pando y a
facilitar su reversión al patrimonio municipal para un fin de utilidad pública, negociando su cesión gratuita al Ayuntamiento. Todos han votado a favor, salvo Vox, que se ha abstenido.

Desde el PP se ha instado a que no se convierta en un nuevo edificio de despachos administrativos y que se ha propuesto que albergue el centro de mayores o incluso un centro municipal integrado.

Ante esto, la edil de Hacienda, Marina Pineda, ha asegurado que ya se lleva desde 2019 en conversaciones con el Principado, pero ha desechado la idea de que sea centro municipal.

Esta ha apuntado que creen que ya existe en el centro de la ciudad diversos servicios municipales, pero sí ve correcto el que haya salas para que entidades y vecinos puedan realizar actividades. También ya hicieron la oferta al Principado para que albergue el centro mayores que está ahora en San Agustín.

En todo caso, ha incidido en que el edificio presenta un deterioro en estado "bastante avanzado", que posiblemente haga más conveniente derribar y hacer uno nuevo. Por este motivo, ha apuntado que hay que ver el coste económico.

El Pleno, asimismo, ha aprobado instar al Equipo de Gobierno a desarrollar, contando con las aportaciones de otras Administraciones y/o entidades privadas que consideran oportunas, un Plan de Impulso a la Contratación Socialmente Responsable, para el impulso de una contratación pública socialmente eficiente en transparencia e igualdad de trato, materia social, medioambiental, de innovación y de promoción de las Pymes.

La iniciativa de Podemos-Equo Xixón ha salido adelante con la enmienda de PSOE e IU. Salvo Vox que ha votado en contra, el resto de grupos lo ha hecho a favor.

Sobre el citado Plan, la edil de Hacienda ha confesado "cierta decepción" porque el abanico de posibilidades de la nueva ley del Sector Publico se fue cercenando a causa se la jurisprudencia.

Aún así, ha asegurado que no van a renunciar para que sirva este Plan para incorporar a personas con mayores dificultades de inserción laboral al mercado de trabajo o a favorecer el acceso de las pymes a la contratación pública. De hecho, el borrador de este nuevo Plan lo presentarán a los grupos municipales el próximo jueves, los cuales podrán hacer aportaciones.

LOCALES COMO VIVIENDAS

En el Pleno, se ha rechazado una proposición del PP para crear una mesa de trabajo con representantes de grupos municipales y técnicos municipales que estudie la modificación de la normativa urbanística para facilitar el cambio de uso de locales comerciales a viviendas. A favor han votado PP y Ciudadanos, en contra PSOE, IU, Podemos-Equo Xixón, Vox y se ha abstenido Foro.

Se pedía también trabajar conjuntamente con el Colegio de Arquitectos y con las asociaciones más representativas del sector inmobiliario y comercial para este fin y establecer una línea de ayudas directas para la transformación de locales comerciales en viviendas, cuando estas sean destinadas a colectivos con especiales dificultades de acceso a la misma.

Desde el Gobierno local, se ha incidido en que sí se puede pasar de bajos comerciales a vivienda, pero cumpliendo la normativa para garantizar que sean viviendas "dignas y seguras". Asimismo, se ha defendido que los recursos públicos deben ir a aumentar el parque público de vivienda, para jóvenes y colectivos vulnerables.

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